El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que limita la participación de capitales extranjeros en la propiedad de medios de comunicación argentinos y que excluye a estas y otras empresas culturales de los alcances del "cram down" establecido en la ley de quiebras.
La iniciativa fue sancionada con un amplio apoyo de los bloques del PJ y la UCR, aunque durante el debate en general se escucharon fuertes cuestionamientos al proyecto, en particular a la supuesta violación a tratados internacionales en el que incurre su texto. Sólo votaron en contra las peronistas Liliana Negre de Alonso (San Luis), Mabel Caparrós (Tierra del Fuego) y Sonia Escudero (Salta).
El proyecto declara la protección de varias áreas relacionadas con la cultura por "su importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional y el acervo cultural", entre las que menciona al patrimonio arqueológico y los medios de comunicación gráficos y audiovisuales.
Al respecto, uno de los puntos centrales de la iniciativa es la limitación a la participación de capitales extranjeros en la propiedad de los medios de comunicación. Esa restricción se establece en el 30 por ciento del capital accionario de las empresas, con limitación en igual proporción del derecho a voto en las decisiones de la firma para los inversores foráneos.
Según aclara la norma quedan incluidos en los alcances del proyecto los diarios, revistas y empresas editoriales en general, las empresas de radiodifusión y sus servicios complementarios y las productoras de contenidos audiovisuales y digitales.
También se incluye en la protección a las firmas proveedoras de acceso a Internet y a las empresas que se dedican a la difusión en la vía pública.
El otro eje de la iniciativa es la exclusión de los medios de comunicación de las disposiciones contempladas en el artículo 48 de la ley 24.522, Que se refiere al mecanismo de "cram down". Este instituto fue reincorporado en la ley de quiebras en la última modificación aprobada por el Congreso a mediados del mes pasado, y contempla la posibilidad de que la parte acreedora asuma el control de una empresa a cambio de la deuda.
La norma fue defendida por la titular de la comisión de Libertad de Expresión, Beatriz Halak (PJ-Córdoba), quien justificó su aprobación en el hecho de que "uno de los sectores más afectados por la crisis es el de la llamada industria de los bienes culturales y en particular los medios de comunicación masiva".
En ese sentido, Halak destacó el "rol estratégico en todo sistema democrático" que cumplen los medios de prensa, por lo que consideró necesario establecer "resguardos adecuados para evitar que un sector tan sensible dependa económicamente de capitales extranjeros".
