Esta histórica decisión de anular las leyes de perdón se adoptó poco antes de las 2 de la madrugada, con el voto afirmativo de 43 senadores, la negativa de 7 y una abstención.

El proyecto que anula las leyes del perdón fue votado por la gran mayoría del bloque justicialista y fue aprobado por 43 votos a favor, siete en contra y una abstención de la justicialista Sonia Escudero (Salta). Además, votaron por la anulación los cinco radicales disidentes, Rodolfo Terragno, Juan Passo, Gerardo Morales, Mónica Arancio y María Colombo, más las frepasistas Diana Conti y Vilma Ibarra, y Nancy Avelín, de la Alianza San Juan.

Por la negativa votaron cinco legisladores del bloque radical y Ricardo Gómez Diez y Pablo Walter, los dos referentes en el Senado del líder de Recrear, Ricardo Lopez Murphy.

Previamente y con la votación unánime de los 53 senadores presentes en el recinto se había logrado superar por cinco votos los dos tercios del cuerpo necesarios para elevar el rango de el tratado sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad; y se postergó para la próxima semana la inclusión de sus alcances en el Código Penal.

Estos tres proyectos, que habían sido aprobados hace una semana por la Cámara de Diputados, constituyen una fuerte señal política desde el Congreso Nacional hacia la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura puedan ser juzgadas en el país. A partir de la sanción de estos proyectos la decisión de avanzar en el juzgamiento de quienes incurrieron en esos delitos queda en manos de la Justicia, más específicamente, de la Corte Suprema.

El cortocircuito entre el presidente Néstor Kirchner y su vice, Daniel Scioli, tuvo su reflejo en el bloque oficialista, que decidió bajar al recinto para tratar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Si no tratamos las leyes, la gente va a creer que Scioli le paró el Senado al Presidente", disparó ante sus pares la entrerriana Graciela Bar, como principal argumento para que la Cámara alta dé tratamiento al proyecto que anula las leyes de perdón.

Así lo confirmaron varios senadores que participaron de la reunión del bloque justicialista realizada por la mañana y que había sido convocado por su titular, Miguel Angel Pichetto para "acercar posiciones" y acelerar el tratamiento de las leyes.

En un principio, muchos senadores oficialistas cuestionaron la nulidad de las leyes por la "aberración jurídica" que significaba anular leyes sancionadas por el Congreso. Sin embargo, el imprevisto conflicto entre el presidente y el ex motonauta y la visita ayer al Senado de las organizaciones defensoras los derechos humanos "terminó por disciplinar al bloque oficialista", dijeron los voceros consultados.

Pese a la cantidad de discursos, desde antes de comenzar la sesión ya estaba asegurado el destino favorable para el proyecto; lo que se logró tras la promesa del bloque radical de no entorpecer la votación. Es que los senadores radicales, al igual que en la mayoría de los integrantes de su bloque en la Cámara de Diputados, ya manifestaron su oposición a la anulación de estas leyes, impulsadas por su propio partido durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Ante este panorama, el peronismo se impuso al sumar las voluntades de extrapartidarios como Vilma Ibarra (Frente Grande-Capital), Diana Conti (Frepaso-Buenos Aires), Luz Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Nancy Avelín (Cruzada Renovadora-San Juan), Rodolfo Terragno (UCR disidente-Capital) y los jujeños Gerardo Morales y Mónica Arancio (Frente Cívico).

Durante el debate, que comenzó a las 17, el presidente del bloque peronista, el rionegrino Miguel Pichetto señaló que "hay un vicio de origen que fundamentan la nulidad" y que también "hay fundamentos jurídicos".

"Si bien no estaba afectado el discernimiento del legislador; la situación de la democracia argentina en ese momento estaba condicionada, porque era un sistema incipiente que intentaba consolidarse", agregó.

Tras mencionar que "eso es lo que en ese momento entendió el presidente Alfonsín" y de citar dichos del propio ex presidente radical, Pichetto remarcó que "el Congreso no solo tiene el derecho de plantear la nulidad, sino tambien el deber y la obligación de hacerlo".

"Esta es una señal para el Poder Judicial, más allá de la discusión jurídica o constitucional, porque no queremos que los militares sean juzgados por Garzón", indicó.

El radical mendocino Raúl Baglini planteó a su turno que "con la anulación de las leyes puede suceder que se obtenga un efecto contrario al deseado" al argumentar que se podría declarar la inconstitucionalidad de este acto.

"Para sancionar a un carapintada no se puede hacer carapintadismo legislativo; no se puede cometer esta brutalidad, no se puede pretender legislar retroactivamente", enfatizó el senador radical.

Por último dijo que "no se sabe si esto son señales políticas o presión sobre otro poder", en relación al Poder Judicial; y explicó que "no se puede anular la parte dogmática de la Constitución nacional".

En defensa de la anulación de las leyes, el entrerriano justicialista Jorge Busti, consideró que "no se trata de una mera declaración o deseo, sino de la voluntad del Congreso de saldar una deuda con la Justicia y con la sociedad".

"Es una reinvidicación derogar estas leyes que tuvieron vicio de origen", agregó el legislador.

El radical santafesino Horacio Usandizaga dijo que "sería un error que el Poder Legislativo se arrogue funciones que son del Poder Judicial" y que "el Parlamento no está en condiciones de anular leyes que han sido sancionadas por el propio Poder Legislativo".

Más argumentos a favor de la anulación llegaron en la voz del peronista riojano Jorge Yoma, quien manifestó su "reconocimento a la voluntad del presidente Kirchner" en este tema. El senador riojano reconoció que la ley en cuestión "es controvertida jurídicamente" aunque inmediatamente aclaró que "tiene una gran importancia moral, porque se está reestableciendo la moral en el derecho".

"Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final estaban viciadas desde su origen porque los militares le dijeron -durante la sanción en el año 1987- al bloque radical que si no votaba la ley al día siguiente habría un General en la Casa de Gobierno", recordó.