La Comisión parlamentaria de Investigación de Fuga de Divisas comenzó a firmar el dictamen en el cual se reafirma que el drenaje de divisas que provocó la crisis financiera en el 2001 sucedió por la falta de controles del Estado. Además, el grupo de legisladores pedirá una investigación judicial para determinar si algunos bancos no cumplieron en esa época con la ley de lavado de dinero.
Los diputados de la comisión que preside el peronista Eduardo Di Cola, concluyeron una investigación que se extendió más de un año sobre los motivos que originaron la crisis financiera a fines del 2001 con la consecuencia de la ruptura del sistema bancario, la quiebra del crédito y los ahorros de miles de clientes con sus fondos atrapados en el circuito financiero. Los legisladores ratificaron que en el 2001 se fugaron divisas por un monto superior a los 16 mil millones dólares y estimaron que las 200 empresas líderes de la Argentina realizaron transferencias al exterior del país.
Una de las conclusiones que arribaron los legisladores, cuyos detalles se conocerán en los próximos días, es que esta maniobra pudo realizarse por la falta de controles que existieron de parte del Banco Central, del Ministerio de Economía y desde los bancos, que no cumplieron con su obligación de verificar el origen del dinero que se enviaba al exterior. De todos modos, durante la vigencia de la ley de convertibilidad no existían restricciones para la salida de divisas del país, salvo que ese dinero no hubiese sido declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aunque se debían cumplir controles sobre su origen.
