El mandatario bonaerense reclamó esta ley con el argumento de que "el estado provincial carece de elementos para combatir el narcotráfico" y de que "es algo que pide la gente ante la inacción del Estado".

Solá estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, León Arslanian, y de Justicia, Eduardo Di Rocco; y por una veintena de intendentes justicialistas, en su mayoría de partidos del conurbano bonaerense.

Los representantes bonaerenses se reunieron durante más de dos horas con los integrantes del mayoritario bloque justicialista, y al término de ese encuentro se trasladaron a la bancada radical.

En nombre del bloque del PJ, su presidente Miguel Pichetto, de Río Negro, anticipó el "compromiso para aprobar la ley en el Senado" y prometió que "podría ser debatido en el recinto el miércoles de la próxima semana".

El gobernador bonaerense reforzó su pedido al expresar que "la venta de drogas ha invadido los barrios de la provincia" y que "la Argentina ya no es sólo un país de tráfico, sino que también lo es de consumo".

"Si no reclamamos la sanción de esta ley nos pueden acusar de cómplices o hipócritas, y queremos ser prácticos", enfatizó el gobernador. A continuación agregó que "con la sanción de esta ley buscamos que la intervención policial genere una penalización inmediata" y que la "gente que hace denuncias por la venta de droga en el quiosco de la esquina sienta que su reclamo no es atendido".

Esto se solucionaría con el enunciado principal del proyecto: alivianar la cantidad de causas existentes en los tribunales nacionales y derivarlas a los juzgados ordinarios de cada jurisdicción.

Según la redacción del proyecto, que se terminará de ajustar en los próximos días, se fijaría un tope de 300 gramos para determinar la competencia de los juzgados ordinarios.

El proyecto es una modificación de la ley 23.737 (de estupefacientes) que propone el cambio de competencias, enumerando los delitos que a partir de la sanción pasarían a la órbita de las jurisdicciones locales.