El Gobierno y el Senado de la Nación se resisten a que las leyes secretas sean dadas a publicidad, tal como lo estableció un fallo de primera instancia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Tanto el Senado cuanto el ejecutivo presentaron sendos recursos de apelación contra el fallo del 11 de mayo pasado de la jueza Clara Do Pico, que dictó la "inconstitucionalidad" del carácter secreto de las leyes.
La jueza Do Pico hizo lugar a una acción de amparo presentada por el abogado Ricardo Monner Sans y declaró la inconstitucionalidad del carácter secreto de la ley sobre gastos reservados, la 18.302. Pero hizo extensiva la calificación a cualquier otra "que no encuentre su causa en el 'estado de necesidad' porque su público conocimiento ponga en riesgo la subsistencia de la República o la seguridad de la comunidad".
La jueza reivindicó así el artículo 99 inciso 3 de la Carta Magna, que establece que el Ejecutivo "participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar".
El Senado, mediante un escrito de 31 páginas, y el gobierno, con otro de 58, apelaron el fallo.
Según la jueza Do Pico, en la ley de gastos reservados, que originó el escándalo por sobresueldos en el anterior gobierno, "no existe ningún elemento que permita mínimamente sostener que el 'secreto' se legitime en el 'estado de necesidad' porque su ocultamiento sea necesario para que la nación subsista como comunidad independiente y no se ponga en riesgo su seguridad".
Ahora será la Cámara de Apelaciones del fuero la que deberá resolver sobre el carácter secreto de las leyes, pero en definitiva la causa llegará a la Corte Suprema de Justicia.
