El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Jorge Argüello, si bien abogó porque haya una acuerdo con Uruguay por la instalación de las papeleras en Fray Bentos, afirmó que la Argentina "está preparando el caso" para presentarlo ante el Tribunal Internacional de La Haya.
"La Argentina está preparando el caso, dirían los abogados", sostuvo Argüello, aunque manifestó que hay interés de que se logren "las condiciones propicias para lograr un acuerdo que contemple los intereses ambientales que la Argentina reclama".
Sin embargo, explicó que en "el supuesto de que no se lograra ese acuerdo, que vamos a seguir procurando, el tratado (del Río Uruguay) establece que si no se ponen de acuerdo las dos partes, sólo podrán recurrir a la Corte Internacional de Justicia que es la que deberá de determinar cúal de las dos partes tiene razón".
"Ayer lo que hemos empezado a discutir es la segunda de las posibilidades, ante la perspectiva de que fracase este buscado acuerdo que ponga a salvo los intereses nacionales", precisó Argüello.
Según el legislador, la Argentina "necesita la información a la cual no ha accedido, necesitamos conocer los reales alcances en materia de medio ambiente que va a tener la presencia de estas dos plantas. La Argentina está sospechando que (contaminarán) mucho".
Precisó que la instalación de las papeleras se resolvió durante la gestión de Jorge Batlle, "que de modo absolutamente inconsulto, tal como lo dice el tratado del Río Uruguay, decidió instalar sin consulta, sin acuerdo, sin información, las papeleras".
Cuando se le preguntó si el que "violó, ocultó y defraudó", tal como dijo ayer el canciller Jorge Taiana ante la comisión de Relaciones Exteriores de Diputados fue Batlle, Argüello respondió: "Indudablemnete" y que "no sabemos por qué" el presidente Tabaré Vázquez sigue con esa política.
Para Argüello, los conceptos de Taiana "objetivamente no son demasiado" teniendo en cuenta que "desde 1975 rige entre ambos países un acuerdo (el del Río Uruguay) que establece claramente cómo deben darse los pasos cuando se trata de la utilización de este fundamental uso compartido que es el Río Uruguay".
Precisó que, según ese tratado, "cualquier modificación en el cauce de las aguas y en cualquiera de las orillas debe necesariamente, primero ser informada a la contraparte y en segundo lugar a consensuar con la contraparte y después ejecutada".
"Ni la información ni el consenso han estado presente en el conflicto que hoy tenemos plantado con el Uruguay; solo hemos estado en presencia de hechos consumados, tal como surge no solo de la exposición de Taiana sino de a la documentación recabada", dejó en claro.
