El Ministerio de Economía sufrió un inesperado traspié en el Congreso después de que los senadores del oficialismo cuestionaran, en sintonía con la oposición, el proyecto de ley sobre ejecuciones hipotecarias y acordaran avanzar sólo con la prórroga por 90 días de los remates de las viviendas.
El proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, con la firma de la ministra Felisa Miceli, no sólo contemplaba la suspensión de las ejecuciones hipotecarias de los deudores que tomaron créditos en entidades no bancarias con el fin de adquirir una vivienda única y familiar.
La iniciativa también creaba una instancia de negociación para acreedores y deudores por afuera del Sistema de Refinanciación Hipotecaria auspiciado por el Estado, para ver si los deudores podían ofrecer por su cuenta una mejora de su oferta de pago y evitar la ejecución de los inmuebles.
Pero tanto desde el peronismo como desde el radicalismo la propuesta recibió duras críticas por una razón central: los senadores entienden que legislar de ese modo podría sentar una interpretación negativa respecto del fallo que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente en relación con la pesificación.
Los legisladores entienden que si se aprobara el proyecto de Economía sería un aval para la doctrina de la "responsabilidad compartida" entre acreedores y deudores en los costos derivados de la devaluación y la pesificación asimétrica dispuestas en 2002.
"Con este proyecto estamos convalidando la doctrina de la responsabilidad compartida. Lo que está faltando acá es el fallo de la Corte sobre la pesificación, sino estamos sentando un antecedente muy negativo", reseñó el jefe del kirchnerismo Miguel Angel Pichetto.
El senador rionegrino, quien fue acompañado con distintos cuestionamientos por varios miembros de su bloque, como Sonia Escudero, Marcelo López Arias y Guillermo Jenefes, admitió que "no hay acuerdo" y que mañana sólo "vamos a votar la suspensión de ejecuciones".
El titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, compartió el criterio de su colega y sostuvo que "sólo hay acuerdo para la prórroga. Para el resto, debe haber un consenso entre los tres poderes del Estado, porque mientras que el Poder Judicial no se expida, el Estado va a tener que poner la plata".
Con sus observaciones los legisladores contemplaron el pedido de los deudores aglutinados en la Asociación de Deudores Argentinos (ADA), quienes en la voz de Mario Díaz, plantearon la inconveniencia de aprobar el proyecto de Economía.
"Nuestra discrepancia con el proyecto es porque no contempla una solución económica de los deudores. Simplemente le pide al deudor que pague la diferencia entre 1 peso más CER y los 2 pesos, que es lo que piden los acreedores en base a la doctrina del esfuerzo compartido", explicó Díaz.
Por la ley 25.798 de 2003 se dispuso la creación del Sistema de Refinanciación Hipotecaria, por la cual el Estado, a través del Banco Nación, se hizo cargo de las deudas contraídas con las entidades no bancarias, aunque por un valor equivalente 1 dólar = 1 peso más CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia).
Como la mayoría de los acreedores no aceptaron el acuerdo, y algunos juzgados declararon inconstitucional la ley 25.798 porque posibilitó un trato diferencial entre las entidades bancarias y las no bancarias, los procesos de ejecución siguieron adelante.
El apuro de los legisladores tiene su motivo en que esta semana venció la última prórroga de 120 días dispuesta por la ley 26.062, que fue aprobada el 2 de noviembre del año pasado y puesta en vigencia por un decreto del día siguiente.
El proyecto del Ejecutivo apuntaba a reparar la situación de los deudores hipotecarios que contrajeron débitos por más de 100.000 pesos con entidades no bancarias, principalmente escribanías e inmobiliarias. Además disponía que, "siempre que hubiere sentencia firme y/o en condiciones de ser ejecutada, el juez interviniente deberá convocar a una audiencia de conciliación".
