El proyecto, que establece modificaciones a la ley de Turismo Estudiantil, obliga a las empresas a presentar las garantías suficientes para solventar los posibles incumplimientos mediante el establecimiento de fondos fiduciarios.

Se trata de una iniciativa que contempló varios proyectos presentados por los diputados en la misma dirección, la cual surgió tras centenares de denuncias realizadas por estudiantes de todo el país que fueron estafados por agencias del sector.

La iniciativa -que fue aprobada por 138 votos a favor- fue defendida en el recinto por el diputado del Frente para la Victoria-PJ por Santa Cruz, Eduardo Arnold, quien destacó que la norma apunta a "resguardar" a los estudiantes y garantizar que no sean estafados quiénes contraten esos servicios.

A través del proyecto se establece que las Agencias de Viaje que cuentan con la habilitación para operar en el rubro Turismo Estudiantil deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada anual o cualquier cambio que modifique la misma, dentro de los 15 días hábiles de producido el mismo.

Asimismo, la norma -que fue girada al Senado- obliga a las empresas de turismo estudiantil a presentar una certificación fehaciente de la contratación de un seguro de responsabilidad civil comprensiva de la actividad de los agentes de viajes. De acuerdo al texto, la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación podrá cancelar el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil a las agencias de viajes turísticos que transgredan las prescripciones de esta ley.

También, la iniciativa obliga a las empresas a presentar una certificación de la contratación para cada uno de los turistas que compongan el contingente estudiantil de seguros de accidentes personales que cubra el riesgo de muerte e incapacidad total o parcial.