La renegociación de este contrato, que había sido aprobada esta misma tarde por el Senado y que vencía el 30 de agosto, fue convalidada por la cámara baja por 102 votos a favor y 38 en contra.

De no aprobarse antes de esa fecha, el acuerdo hubiera recibido sanción ficta como ocurrió con otros contratos de servicios públicos privatizados.

Desde el oficialismo, el diputado Gustavo Marconato (Santa Fe), destacó que el acuerdo permitirá "el acceso abierto al servicio" y puso de relieve que, a través de este contrato, el concesionario "deberá llevar adelante plan de calidad", al aclarar que esta renegociación "no presenta ningún ajuste" de tarifas.

En tanto, el radicalismo, a través de Alicia Tate, cuestionó que no se haya fijado "un canon expreso basado en la rentabilidad" y consideró que "las inversiones no están establecidas", al sostener que "deja abierta la puerta para que la empresa pueda encontrar excusas para no realizarlas".

Por el ARI, la diputada María América González dijo que la empresa es el "manual de los incumplimientos", al acusar a la concesionaria de no haber incorporado "una sola locomotora, de las 44 nuevas que tenía que comprar y tampoco ninguno de los 573 vagones establecidos en el contrato".

Al inicio del debate, el diputado del ARI Adrián Pérez había solicitado una preferencia para debatir un proyecto que impida la sanción ficta de los contratos con las privatizadas pero ese planteo fue finalmente rechazado por el oficialismo, en medio de una fuerte polémica.