La organización no gubernamental Asociación por los Derechos Civiles (ADC) planteó un amparo ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, reclamando la declaración de inconstitucionalidad de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La entidad fundamentó su pedido, que quedó radicado en el juzgado 11 a cargo de María José Sarmiento, sobre la base de que esa norma "viola el principio de legalidad y la división de poderes".
El Congreso sancionó en julio último la ley 26.122, que estipula que la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y emitir un dictamen al pleno de cada Cámara, dentro de los diez días hábiles tras la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Los diputados y senadores, según la norma objetada por la ADC, deben aprobar o rechazar el decreto de manera expresa, pero la ONG estimó que ese mecanismo "es contrario al principio de legalidad pues no establece el plazo dentro del cual el Congreso de la Nación debe rechazar o aprobar los DNU".
