El Senado sancionó el programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, a cambio de un incentivo que será determinado por el Poder Ejecutivo.
Por 34 votos a favor y 11 en contra, la Cámara alta sancionó el programa de canje de armas que tendrá una vigencia de 180 días, con la posibilidad de prorrogarlo por un período similar, que se aplicará con el otorgamiento de un “incentivo” cuando se entreguen en forma voluntaria armas y municiones.
Por medio de la norma, el Congreso facultó además al Poder Ejecutivo a “establecer la modalidad del pago del incentivo del programa”, que no podrá ser en dinero, explicó la senadora salteña Sonia Escudero al fundamentar la iniciativa.
El texto legal declara una emergencia nacional en todas las actividades relativas a las armas de fuego y municiones durante el término de un año, y entre las medidas que se tomarán se incluirá un inventario estricto sobre los arsenales de las fuerzas de seguridad y militares, para evitar desde allí se canalicen al mercado negro.
Según se ha estimado, la cantidad de armas en poder de la población es de entre 2,5 y 3 millones, pero apenas 1,2 millones están registradas en el Registro Nacional de Armas (Renar).
Al fundamentar la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta, la salteña Sonia Escudero, criticó la labor de los diputados, al aprobar un texto en la que había -según enumeró- una serie de omisiones y errores. No obstante, propuso que se aprobara la norma tal como vino para que se convirtiera en ley, y sostuvo que para corregir las falencias contenidas se dicten una serie de normas complementarias.
Por esta ley se crea el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, por el cual se fomentará el canje mediante la entrega de “incentivos” que ofrecerá el Gobierno, medida que ya fue implementada en la provincia de Mendoza, donde a cambio de las armas se ofrecía a la gente vales de alimentos y entradas para espectáculos.
Esas armas que serán inmediatamente inutilizadas, para luego ser destruidas, según establece la iniciativa de ley. Además se establece que la entrega voluntaria de armas no conllevará consecuencia legal alguna para las personas que las realicen.
Los objetivos del proyecto son la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas, y la promoción de una cultura de la no tenencia y no uso de armas.
“El retiro de armas de fuego de la posesión de la población civil implica, necesariamente, la reducción del riesgo de accidentes y hechos de violencia producto de conflictos interpersonales”, observó Escudero. “Resultaría absurdo planterlo como una solución frente al problema de la inseguridad, pero sin duda es una contribución en ese sentido”, sostuvo la senadora Escudero.
La iniciativa dispone realizar un completo relevamiento de las armas en poder de las fuerzas armadas y de seguridad, de donde se han detectado faltantes que luego se comercializan en el mercado negro. Al respecto, la titular de la Comisión de Seguridad explicó: “las armas que se encuentran en la ilegalidad no nacen en dicha situación sino que caen en ella en algún momento de su cadena de vida, perdiendo el Estado el control respecto de las mismas. La reducción del circulante contribuye a la disminución de armas en la ilegalidad, y al menos dificulta que puedan caer en las manos de criminales”.
Otro aspecto a tener en cuenta, es que aquella persona que se encuentre autorizada a tener o portar un arma podrá seguir en esa situación. En tanto, cierto temor generaba la declaración de emergencia nacional “en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación (…) compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados y no registrados durante el término de un año”.
“El sentido de esta declaración es intensificar el poder de policía en orden a conjurar la situación de crisis en que se encuentra actualmente la veracidad de las autorizaciones de tenencia y portación expedidas por el RENAR, aclaró Escudero y agregó: “conocemos la laxitud con que se otorgaban y controlaban las autorizaciones y el caso de Martín Ríos fue paradigmático pues en el certificado de aptitud física -como es de público conocimiento- se recomendaba una evaluación psicológica en profundidad”.
Las estadísticas
* De acuerdo con las estadísticas del RENAR hay un total de 1.203.725 armas. Otros estudios estiman que serían 2.250.000 las armas en poder de la ciudadanía.
* El número total de usuarios registrados es de 635.822 (de los cuales 11.087 son usuarios colectivos: agencias de seguridad, bancos, empresas privadas, entidades oficiales, transportadoras y otros).
* Se sabe que entre 1993 y 2004 había 174.874 usuarios con licencia vencida que no entregaron sus armas ni denunciaron su robo o hurto.
* El número total de armas que salieron del control del Renar, entre 1993 y 2004, es de 313.978.
El proyecto correctivo
Escudero reconoció que el texto que tratará el Senado “tiene algunos errores que no son de fondo y que serán subsanados a través de la aprobación de otro proyecto de ley que presenté el pasado 14 de diciembre (es el expediente Nº 4.510/06). En concreto, plantea la modificación de algunos artículos de la Ley de Armas y Explosivos (Nº 20.429) y la ley de Prohibición de venta en Jugueterías de réplicas de armas a gas comprimido
(Nº 24703).
“El proyecto olvidó derogar el artículo 10º de la ley de armas que prohíbe que el Registro Nacional de Armas lleve un registro de las armas de guerra en poder de las Fuerzas Armadas, que es justamente una de las medidas a implementar con esta nueva ley”, aclaró.
Asimismo, indicó que: “a los efectos de unificar la prohibición de venta de réplicas prevista en el proyecto que aprobó Diputados, deberá derogarse también el artículo 1º de la ley de Prohibición de venta en Jugueterías, puesto que admite la venta de estas réplicas en armerías o casas de deportes especializadas”.
Por último, manifestó que la iniciativa incurrió en una involuntaria omisión, ya que olvidó extender la amnistía para todos aquellos tenedores de municiones.
Los senadores Ricardo Gómez Diez, Vilma Ibarra, Delia Pinchetti de Sierra Morales, Mario Daniele, Adriana Bortolozzi e Isable Viudes, acompañaron el proyecto presentado por Escudero. La iniciativa está en estudio en las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales.
