Luego de que desde la oposición surgieran críticas sobre la función que cumpliría la primera dama en París, adonde iría en representación del país, se informó que la primera dama cumplió con las normas constitucionales requeridas.
La senadora Cristina Fernández solicitó autorización a la Cámara de Senadores, tal como lo establece la Constitución Nacional, para asistir en representación del gobierno argentino a la firma de la Convención Internacional contra la desaparición de personas.
En rigor, lo hizo el 24 de enero pasado, según se establece en la nota remitida al titular del Cuerpo, Daniel Scioli, que cumple con lo establecido por el artículo 72 de la Carta Magna que refiere que “ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”.
La notificación de la legisladora ya cuenta con el obvio aval unánime del bloque del Frente para la Victoria que ayer, a través de su presidente, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, anticipó que el Senado “ratificará la decisión del presidente Néstor Kirchner de haber elegido a la senadora para tan importante acontecimiento”.
La Convención que la senadora firmará en nombre del gobierno argentino en París la semana próxima fue impulsada por la Argentina y Francia en Naciones Unidas, y aprobada por la Asamblea General del organismo multilateral el 20 de diciembre de 2006.
