El presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, declaró en la causa por el polémico pago suspendido al Grupo Greco, que el Gobierno estuvo a punto de concretar, tras la firma del presidente Néstor Kirchner, la ministra de Economía, Felisa Miceli, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

La citación tuvo lugar en la sede del Juzgado Federal Criminal Correccional N° 4, en Comodoro Py, a cargo del juez federal Ariel Lijo, luego de que Sanz descartara la posibilidad de presentar su testimonio por escrito.

Ante el magistrado, el senador Sanz describió en forma cronológica los pasos que se siguieron en el Congreso para aprobar el pago de 600 millones de pesos al grupo Greco desde que el proyecto fuera enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento con la firma del Presidente, la ministra Felisa Miceli y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, hasta la sesión de diciembre del año pasado, cuando el bloque de senadores radicales se opuso al pago.

Sanz destacó la evidente contradicción en la conducta del Ministerio de Economía que en primera instancia solicitó la autorización para el pago y después la cuestionó señalando que estaba “plagada de irregularidades”.

Por último, el senador por Mendoza remarcó la más importante contradicción al respecto, a través de un informe del Ministerio de Economía que niega que el grupo Greco haya estado entre los beneficiarios del proyecto original.

Por su parte, el Juzgado investigará si se pretendió pagar por error o por interés. De confirmarse este último caso, el magistrado investigará de dónde provino dicho interés.
Cabe recordar que Sanz y el senador por Jujuy Gerardo Morales, también presidente del Comité Nacional de la UCR -ambos en representación del bloque de senadores de dicho partido-, lograron frenar en diciembre del año pasado el pago de 600 millones en bonos al mendocino ex grupo Greco, que quebró en 1979.

“La maniobra formaba parte de una autorización de endeudamiento que pidió el Poder Ejecutivo al Congreso, pero no aparecía de manera explícita quiénes eran los acreedores, sino camuflada, entre otros pagos, por ejemplo a ex trabajadores de YPF”, señaló el bloque radical del Senado a través de un comunicado.

En este sentido, los radicales hicieron un pedido de informes por vía del decreto 1172 de Acceso a la Información Pública, que firmó el Presidente, en 2003. Entre otras cuestiones, le preguntaron a la ministra de Economía, Felisa Miceli, por qué no se apeló la homologación judicial de “la supuesta liquidación” al grupo Greco, “qué funcionario (o funcionaria) realizó la solicitud del monto a incluir en la ley” y si existió “un pedido realizado por usted misma” para que efectivizara el pago.