Durante el primer encuentro que se realizó en el Senado bonaerense, la legisladora justicialista Mónica Litza explicó que “la convocatoria tiene que ver con todos los actores que trabajan en la Justicia Penal, que son los que realmente están todos los días en la trinchera y conocen la problemática a fondo, y son los que pueden aportar propuestas y por qué no soluciones”.

“A casi 10 años de la implementación de la ‘mega-reforma’ procesal para la provincia de Buenos Aires, hoy estamos en condiciones de ver cuáles son las cosas que funcionan y cuáles no: no nos proponemos hacer una reforma integral al Código de Procedimiento, creo que hay cosas que se discutieron en profundidad y ya no hay que volver sobre las discusiones dadas, no retroceder sobre las cosas que se avanzaron positivamente, y sí, puntualizar sobre las cosas que vemos que hay que ajustar y no están funcionando bien”, aclaró Litza.

En tanto, comentó que los motivos por los cuales se convocó a la reunión son “la celeridad de los procesos y las garantías”. Además, remarcó que la presencia de distintos sectores “fue muy amplia” y que “fundamentalmente, lo que nos está convocando hoy a los tres poderes del Estado y a las asociaciones de la sociedad civil, es el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

“Todos tenemos la misma preocupación, compartimos el mismo objetivo: que la gente esté mejor y que tenga una Justicia mejor, en eso coincidimos, y teniendo un objetivo común, tan grande, es difícil que no lleguemos a un acuerdo”, subrayó.
Litza, remarcó que una vez finalizadas las rondas de consulta “los legisladores vamos a asumir responsablemente nuestras atribuciones que son indelegables, y habiendo escuchado propuestas, nosotros vamos a ser quienes plasmemos estas ideas en una ley”.

En ese sentido, reconoció que en caso de redactar una ley “no está en tratamiento en esta mesa la reforma que se votó en diciembre, estamos abriendo un debate sobre los temas del procedimiento despejados del proyecto con media sanción (de Diputados), con la libertad que tienen los que realmente conocen el procedimiento desde la práctica, para que nos ayuden a pensar cuáles son los mecanismos que pueden ayudar a la celeridad de los procesos”.

“Esto no tiene que ver con el proyecto que ya está, quizás tenga puntos en común cuando lo terminemos y que los comparemos, pero no está en tratamiento ese proyecto precisamente”, reiteró.

Interrogada sobre si entre los distintos sectores invitados a la reunión hubo coincidencias en sus reclamos, la senadora justicialista afirmó que “en el diagnóstico, coincidimos desde todos los sectores: la Justicia está muy mal, está lenta, sobrecargada y los recursos que tiene no están optimizados”.

Asimismo, expresó que las rondas de consulta y análisis durarán 60 días y debatirán sobre la investigación penal preparatoria (IPP), medios alternativos de financiación de los procesos, juicios y remedios procesales.