El diputado bonaerense Daniel Gurzi presentó un proyecto de declaración en el manifiesta que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Cultural la actividad de distribución y venta de diarios y revistas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El decreto 24.095/45 ratificado por la Ley 12.921 y luego por las reglamentaciones dictadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación instruye el régimen protector para los distribuidores y vendedores de diarios y revistas. Dichas normas impulsadas por el entonces presidente Juan Domingo Perón generan un marco de legitimidad política, social y normativa de la actividad ya que “es indudable la interdependencia que existe entre las empresas periodísticas y el personal dedicado a la distribución y venta pública de los diarios y revistas por cuanto aquellos fijan condiciones y retribuciones de estas tareas y estos constituyen un elemento esencial e imprescindible de la circulación de las primeras”.

El legislador quilmeño comentó que la legislación social y de protección laboral de los canillitas no ha resultado ajena al proceso desregulatorio, de la década del ´90. Por el contrario, resultaba un imperativo de los flexibilizadores y de los mecenas del libre mercado avanzar sobre una normativa que ha resultado de jerarquía, no sólo por su contenido sino por su concepción en el marco tutelar de los trabajadores de nuestro país.

“Vemos entonces -señaló Gurzi- como a contramano de las tendencias mundiales, que han avanzado en la sindicalización y protección laboral consiguiente del sector de la economía informal, la ampliación del concepto de subordinación económica a los efectos de la protección del marco laboral, a categorías hasta hoy no comprendidas en la normativa, tal es el caso de la parasubordinación del Derecho Italiano, se ha consumado la desarticulación inconstitucional de un sistema de protección que hacía y hace hoy honor al principio de la progresividad social, establecido en nuestra Carta Magna”.

La derogación de la Ley 25.250, que lesionaba seriamente los derechos de los trabajadores, por la Ley 25.877 significó un paso adelante, pero aún resta mucho por hacer. “En el escenario de la restitución del proyecto nacional, sin duda, la legislación ha pretendido desarticular el régimen Laboral de los Distribuidores y Canillitas, debe ser imperiosamente anulada”, afirmó el diputado. Y agregó: “Es menester destacar la importancia cultural y la defensa del derecho a la información de los ciudadanos, que garantiza y garantizó el sistema que nos ocupa, el cual merece un tratamiento diferencial y el presente Proyecto de Declaración de Interés Cultural de la actividad de la distribución y venta de diarios y revistas”.

“A los miles de trabajadores que realizan esta actividad, abnegada y de lucha, los apoyamos mediante el presente proyecto, acompañándolos en la ardua tarea de la reparación y restitución histórica de la memoria de los Canillitas y en el logro de la utopía realizable de un país y un pueblo con libertad de prensa y justicia social para los trabajadores que la garantizan”, finalizó Gurzi.