La Cámara de Diputados votó un proyecto que tiene como objetivo desalentar el robo de cables y picaportes, a través de la creación de un registro de exportadores de bronce y aluminio, así como sus fundiciones y aleaciones.
La iniciativa, originada en un proyecto de la diputada Beatriz Leyba de Martí, fue impulsada por las comisiones de Comercio y Economía de la Cámara baja.
El proyecto establece la creación de un registro nacional, que dependerá del Ministerio de Economía de la Nación, al que deberán inscribirse en forma obligatoria “los productores, comercializadores y exportados de bronce y aluminio”.
La autoridades de aplicación le enviarán mensualmente a la Aduana el listado de las empresas y personas físicas inscriptas, para que el organismo pueda controlar la partida de mercadería al exterior y “convalidar la legalidad de su procedencia”, según se indicó en el proyecto.
Según explicó la legisladora, el proyecto fue originado en la “necesidad de que el Estado pueda poner fin a los distintos robos que se cometen para tratar de obtener ese tipo de materiales, que en el exterior cada vez son más requeridos”. En ese sentido, se destacó que el cobre adquirió una elevada relevancia en los últimos años en los mercados internacionales y en la Bolsa de Metales de Londres la tonelada ronda los 7.500 dólares contra los 1.500 que valía hace una década.
De acuerdo con datos oficiales, el 37 por ciento del cobre utilizado pertenece al reciclado, y en ese rubro los cables telefónicos han sido el producto más codiciado por quienes intentan obtener rédito de la procedencia ilegal del material.
Se calcula que en los últimos años se han robado 6.300
kilómetros de cable, muchos de ellos también pertenecientes a la
red ferroviaria.
