El diputado nacional Daniel Gallo impulsa una iniciativa que tiene como objeto reglamentar adecuadamente la Ley de Defensa del Consumidor en el área Aduanera Especial de la Provincia de Tierra del Fuego, para que todos los ciudadanos puedan gozar de los beneficios fiscales que la misma otorga.
El diputado nacional Daniel Gallo presentó un proyecto de resolución en el cual le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que realice una adecuación, mediante reglamentación, de la Ley de Defensa del Consumidor, a fin de darle plena efectividad a los derechos de los consumidores dentro del Área Aduanera Especial vigente en la provincia.
Actualmente se observa que en muchos casos los beneficios fiscales que otorga la Ley 19.640 a todos los ciudadanos de la provincia, no son realmente percibidos por los mismos. La razón de ser del proyecto es “la injusticia que se genera cuando los beneficios fiscales que tenemos los ciudadanos de la provincia a través de la ley de promoción industrial se ven distorsionados. Muchas veces los precios de distintos productos resultan igual o más caros que en el resto de la Argentina, cuando la lógica nos dice que debería ser todo lo contrario”.
Hace un tiempo se llevó a cabo un estudio de precios comparativos del mercado automotor, obteniéndose resultados sumamente alarmantes. Esto dio el puntapié inicial a una serie de cuestionamientos y preguntas en torno a la razón por la cual los ciudadanos de la provincia no se ven en muchos casos beneficiados por el sistema de exenciones impositivas vigente.
En el sistema legal argentino “existe una profunda defensa de los derechos del consumidor, encontrándose reconocidos incluso por nuestra Constitución Nacional.” No obstante ello, “resulta necesaria una reglamentación especial de los mismos, a fin de poder hacer valer los derechos que tenemos como consumidores, dentro de un ámbito tan especial como lo es el sistema vigente en la provincia. Si bien resulta sumamente loable la acción que están llevando a cabo algunos estudios jurídicos con respecto al tema del precio de los autos, creemos que el Estado debe proporcionar los medios y herramientas para que tales derechos se hagan efectivos en cada uno de los ciudadanos”.
Con esta medida pretendemos que se “traslade a los consumidores los beneficios que la Ley 19.640 les otorga, y no que solo operen los mismos como un resultado de mayor rentabilidad para los comerciantes”.
