Nuevamente quedó en evidencia la pelea existente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Esta vez fue por el marco legal que habría que darle a la Caja del Banco provincial.
Por Eleodoro Dof
La Legislatura bonaerense se dispone a “congelar”, por algún tiempo, los pasos formales de un expediente que pretende modificar el marco legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco de la provincia de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo ha sorprendido a muchos legisladores, desde hace un tiempo a esta parte, con el envío de proyectos a la Legislatura que contarían con “precarios consensos” y que en definitiva son tomados por diversos actores como una “provocación” o reacciones “guiadas por las pasiones” de su titular. Tal es el caso de la sustitución de artículos de la ley 13.364, el marco legal de “la Caja” del Banco provincial.
La historia de la Caja propia del Banco es larga. Fue creada por la ley 3.837, y es registrada en el “imaginario colectivo” como un “ente de privilegio” por lo que se establecía, hasta la modificación de la ley 5.678 -en 1991- que entre otras cuestiones permitía la posibilidad de jubilarse a los 50 años. Luego vino la ley 11.322 y otras modificaciones parieron la norma 11.761, ley que actualmente está vigente. La ley 13.364, que ahora se pretende modificar, promulgada en septiembre de 2005, se encuentra suspendida en su aplicación.
Dentro de un montón de desencuentros entre los actores -los trabajadores activos y pasivos, los directores del Banco y de la Caja, los legisladores y los gobiernos, nacional y provincial- se divisan algunos encuentros: la Caja tiene un “problema estructural” y la 13.364 no parecería ser la “herramienta adecuada”.
El problema estructural es, en principio, que la Caja tiene más pasivos que activos (12.000 beneficiarios y 11.500 empleados), una situación que tiende ha agravarse con el correr del tiempo. El déficit del 2005 fue de 30 millones de pesos, en tanto que para el año en curso está calculado cerca de los 100.
A través del Convenio 400, de asistencia para la cobertura de desequilibrios previsionales, la Provincia reintegra los adelantos que el Banco realiza a la Caja, en la medida en que la Nación, a su vez, le transfiere recurso “bajo ciertas condiciones”, según norma del propio Directorio del Banco.
La secretaria general de la Comisión Interna de la casa matriz y secretaria de administración de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, no desperdicia palabras. “Nosotros los trabajadores nunca hicimos las leyes” afirma y pregunta “¿Dónde está el dinero de la Caja cuando hubo superávit?”.
Por un lado, a poco de andar, en la discusión aparece el rol que jugará la Provincia y el Banco en el futuro de la Caja, lo cual deriva en la integración del directorio – y modo de funcionamiento interno- y de la Comisión Fiscalizadora. Por el otro, cómo y quiénes realizan los aportes y cómo se liquidará a los beneficiarios.
Los trabajadores, respaldados por legisladores, inclusive, del propio oficialismo, plantean como eje central de la discusión, el reaseguro total y expresamente establecido por el artículo 40 de la Constitución provincial que obliga al Gobierno a responder solventando el déficit.
Desde el sector gremial sostienen que “el Banco como institución debe tener representación en el Directorio” y que éste debe contar con “un representante más del personal activo”. El Directorio del Banco, en un reciente comunicado, bajo el pomposo título: “Apuntes para la reflexión”, sostiene que “en primer lugar, la Caja no es del Banco sino que integra el sistema previsional de la Provincia”.
