RECUPERAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y
MEJORAR EL PODER ADQUISITIVO DE LA POBLACIÓN

La presentación de medias verdades como si fuesen la verdad total y única, así como el expreso objetivo de oficialistas y opositores de adelantar la elección del 2009 subordinando a esto la resolución del conflicto agropecuario, termina por imponer discusiones falaces, promueve confrontaciones estériles y conduce el conflicto planteado a un peligroso camino sin salida.

Es una “verdad a medias” la formulada por la presidenta Cristina Kirchner, cuando en su discurso sostuvo el carácter redistributivo de las retenciones. Verdad a medias, ya que si bien esto es cierto, el sentido de la redistribución (o sea, a quién se le saca y a quién se le da) se define en el contexto más general de la política económica y no en el instrumento específico de la retención. No es lo mismo un sistema de retenciones articulado con la operatoria de una Junta Nacional de Granos, de Carne, de producciones regionales asociadas con un Estado que regula el abastecimiento del mercado interno y que controla el comercio exterior, que el esquema actual en el que las retenciones sirven para construir un “superavit fiscal” cuyo destino es el “pago de deuda pública”, la compra de divisas para sostener la “cotización del dólar” y, por lo tanto, la renta de los exportadores y el aliento con subsidios al núcleo más concentrado de la economía. Menos aún, si se articulan con compensaciones a los productores que –durante el 2007- ascendieron a $ 1.400 millones, de los cuales, más del 55 % se concentraron en apenas 10 empresas (Ejemplo: La Serenísima, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza, Cargill, etcétera). Así, cada una de ellas se apropió de $ 80 millones mientras 32.000 productores recibieron en promedio apenas $ 2 millones.

No son las retenciones las que están en discusión. Menos aún si se trata de retenciones móviles, si discriminan contra la soja y a favor del maíz y el trigo o incluso, si se aplican en un contexto donde los precios internacionales han subido por encima de las mismas. Podrá discutirse la oportunidad, la magnitud, cómo se las segmenta para que impacten de manera diferencial según el tamaño y capacidad de los productores o cómo se coparticipan los recursos que con ellas se obtienen. Pero es razonable su uso para captar rentas extraordinarios que surgen del movimiento de los precios internacionales y no del esfuerzo del productor, así como para diferenciar precios internos de internacionales. Pero lo que no puede olvidarse es que es el contexto general en el que se aplican el que define el modo en que las mismas repercuten sobre los distintos actores de la actividad agropecuaria. Actividad esta cuya diversidad es tal, que transforma en irrelevantes las afirmaciones que hablan de la “rentabilidad del sector”, sin precisar entre quienes ocupan posiciones dominantes en este negocio (grandes propietarios, pools de siembra, exportadores, proveedores de insumos tecnología) y quienes tienen un lugar subordinado y de mayor debilidad. Hablar de “rentabilidad del sector agropecuario” y no precisar (tal cual lo hizo la Presidenta) conduce irremediablemente a no entender ni dimensionar lo que está ocurriendo en las rutas y pueblos del país.

Sostenemos, por lo tanto, que lo que está en debate no es el uso de las retenciones sino la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario que replantee el modelo “sojero” que se afirmó en la Argentina en los últimos 20 años. Un modelo sojero que se sostiene en condiciones de alta concentración , expresadas en el hecho objetivo de que 936 propietarios controlan 35 millones de hectáreas, a razón de 38.000 ha cada uno, mientras casi 150.000 propietarios tiene 2.200.000 ha, a razón de 16 ha cada uno. Concentración que se expresa, también, en la “nueva oligarquía” que se va consolidando con no más de 2.000 productores que controlan más del 60 % del producido de la soja y que incluye, dominantemente, a pools de siembra, por lo tanto, a sociedades productivas que no necesariamente ejercen el control sobre la tierra pero que manejan capital, insumos y que arrendando campos se transforman en jugadores principales del negocio agropecuario. Nombres como Urquía (que tiene tren y puerto propio, además de una planta de biodiesel subsidiada por el Estado), Foganti, Olmedo o El Tejano son expresiones concretas que han dado vida incluso a un nuevo agrupamiento empresarial como AAPRESID.

Modelo sojero que, además de destruir empleo (genera un puesto de trabajo cada 500 ha mientras que la economía familiar genera 35 puestos por cada 100 ha) y elevar el tamaño medio de las explotaciones (para que una unidad económica sea autosuficiente se requieren más de 500 ha), tiende a especializar a nuestro país en la exportación de forraje (pasto-soja) con destino a países como China, India o la Unión Europea deteriorando actividades como la ganadería, lácteos, ovinos, porcinos, frutas, hortalizas y demás producciones regionales.

Modelo sojero que depreda el habitat condenando a la muerte a las comunidades aborígenes y que incluso persigue y desplaza a punta de pistola a campesinos y aborígenes en la búsqueda por incorporar, a cualquier precio, nuevas tierras para la producción de soja.

Es la ausencia de políticas específicas que no se hagan cargo de estos problemas lo que explica la envergadura de los cortes que se realizan hoy a lo largo y a lo ancho del país. En concreto, el Gobierno nacional está pagando el precio de la bronca acumulada de pequeños y medianos productores por la sociedad que desde hace 5 años mantiene con el “modelo sojero”, con exclusivos fines fiscales. Es por esto que no existió nunca un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y que resulta casi “perverso” escuchar ahora (como dice el discurso oficial) que el aumento en las retenciones era la primera medida de una estrategia general, que no se pudo anunciar por el paro de las entidades del campo. ¿No era más fácil convocar a las entidades para plantearles la estrategia integral y luego hacer los anuncios? ¿Si no hubo estrategia alguna en la dirección que se plantea, por qué habría que creer que esto es cierto? Nadie puede, sensatamente, ver sólo a “responsables de la oligarquía” en las rutas. Está claro que son los pequeños y medianos productores los que están sosteniendo el conflicto. Es falsa y mentirosa la consigna que pretende confrontar a un supuesto gobierno popular (el actual) versus el “campo oligárquico”. En la práctica, el Gobierno ha sido socio de la “patria sojera” durante los últimos cinco años y lo único que pretende es elevar su participación en la sociedad (más recursos fiscales), ya que avizora necesidades mayores en materia fiscal, habida cuenta de la crisis internacional.

Es cierto, y a nadie puede escapársele, que hay actores que pretenderán transformar el conflicto en lo que no es. Cierto es también que hay organizaciones vinculadas al campo (por caso, la Sociedad Rural) con historial nefasto y golpista, así como sectores del “establishment” que buscarán que este conflicto sirva para “cercenar la experiencia democrática” y derechizar la gestión gubernamental. Pero lo que resuelve y evita esta perspectiva es la capacidad de abrir una instancia de diálogo en base a dos objetivos que deben ser centrales:

RECUPERAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y MEJORAR EL PODER ADQUISITIVO DE LA POBLACIÓN. Esto exige la puesta en marcha de un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario capaz de agregar valor sobre nuestros recursos naturales (dejar de exportar proteínas vegetales y exportar proteínas animales), generar empleo, repoblar el interior facilitando el acceso de nuevos productores a la tierra, reforestar las zonas devastadas por la sojización, sanear las regiones infectadas por el uso de químicos de toda naturaleza y devolver a las comunidades aborígenes las tierras que le robaron en las últimas décadas.

Claudio Lozano es diputado nacional