El titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR ), José Granero, visitó el Senado nacional en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico que preside la salteña Sonia Escudero.

Desde el organismo nacional pidieron que se penalice el desvío doloso de precursores químicos con destino al narcotráfico. Escudero, por su parte, anticipó que convocará a los referentes provinciales del área de adicciones para analizar la situación de la drogadependencia en los diferentes distritos.

En el encuentro se abordaron dos proyectos de ley: uno de autoría de la salteña Escudero, que impone sanciones y hasta penas de prisión por incumplimientos a la legislación en materia de regulación y control de Precursores Químicos; y otro venido en revisión de la Cámara de Diputados por el cual se crea el Registro Nacional de Organismos que prestan asistencia en materia de drogadependencia, en el ámbito de la Sedronar.

Además de Granero, estuvieron presentes el subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico de la SEDRONAR, Gabriel Abboud; la subsecretaria de Planificación, Prevención y Asistencia, Norma Vallejo; la directora del Registro de Instituciones Valeria Martínez Carabus, y el director del Registro de Precursores Químicos Julio De Orué.

Los precursores químicos son las sustancias de fabricación legal que pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o preparación de estupefacientes. La legislación vigente en nuestro país impone a quienes operan con estos productos químicos la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos que funciona en el ámbito de la Sedronar.

Escudero explicó que su proyecto “viene a complementar el Registro para penalizar a quienes están actuando en la ilegalidad porque no cumplen con la inscripción, o porque están desviando estos productos a la producción de estupefacientes”.

La iniciativa prevé penas de prisión de hasta cuatro años y multas que ascienden hasta los quinientos mil pesos para las empresas que no cumplan con la normativa. Y para los casos de incumplimientos cometidos por los funcionarios públicos (como falsear datos, por demoras en el suministro de información, etc.) las penas pueden ir hasta los seis años de prisión.

Los representantes de Sedronar manifestaron su acuerdo con el proyecto, y reconocieron los beneficios de contar con un instrumento que les permita aplicar sanciones. No obstante, Gabriel Abboud reclamó una herramienta adicional: que se penalice el desvío doloso de precursores con destino al narcotráfico. Y agregó que “esa falta de legislación específica constituye la principal crítica” hacia el país por parte de los organismos internacionales en la materia.

En tal sentido, elevó a las comisiones de Seguridad Interior y Justicia una propuesta para “reprimir con prisión de entre 3 y 12 años a quien desvíe precursores químicos al mercado ilegal, dentro o fuera del país”. Abboud dijo, además, que “somos los únicos que no tenemos legislación represiva” y que Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil ya la tienen.

Los senadores no obtuvieron respuesta acerca de los decomisos de precursores químicos realizados en los últimos meses en el país. Sucede que hace tres años que la Sedronar “no cuenta con información de las fuerzas federales” –según lo reconoció su titular José Granero- por lo que los únicos registros de que dispone el organismo son los que le proveen las fuerzas policiales provinciales.

Con respecto a las empresas registradas, el director del Registro explicó que son 7 mil las inscriptas en todo el país, aunque reconoció que son muchas más las industrias que operan con este tipo de sustancias. La mayoría, dijo, están radicadas en el Gran Buenos Aires.

Posteriormente, los senadores comenzaron con el tratamiento de un proyecto de ley con sanción de la Cámara de Diputados que propone la creación de un Registro Nacional de Organismos que prestan asistencia en materia de drogadependencia, tanto públicos como privados, en el ámbito de la Sedronar para que el organismo confeccione un listado oficial.

Desde la Sedronar dijeron que necesitan esta norma a fin de obligar a las provincias a informar acerca de las instituciones existentes en sus territorios, para que el organismo nacional pueda hacer las derivaciones correspondientes de las personas con problemas de adicción, como también para poder otorgar subsidios a los centros de tratamiento. “No estamos quitando recursos a las provincias, sino al contrario”, expresó Granero.

En tanto que reconoció que “a nivel nacional sólo existe un centro el CENARESO, con una capacidad de 65 camas, que está siempre saturado”.

Los funcionarios aclararon, por otra parte, que la facultad para habilitar centros de tratamiento para las adicciones es de los municipios y de las provincias.

Escudero anunció, por último, que se invitará a los representantes de las provincias del área de drogadicción, para conocer como se está abordando la problemática en las diferentes jurisdicciones, y la situación de existencia de instituciones para la atención de adicciones.