Un legislador oficialista presentó una iniciativa que introduce modificaciones en la ley 24.449 de tránsito y seguridad vial.
El diputado Juan Carlos Díaz Roig presentó un proyecto de ley cuyas normas reglamentarias tienen por objeto lograr la protección y preservación de los usuarios de automotores a través de la dotación, certificación y homologación, desde su salida de fábrica, de los elementos de seguridad activa y pasiva automotriz.
La reforma de la ley 24.449 que introdujo Díaz Roig establece que “todo vehículo que se fabrique en el país o se importe para poder ser librado al tránsito público, debe cumplir las condiciones de seguridad activa y pasiva, sobre todo con la dotación complementaria del sistema de antibloqueo de frenos (ABS) y las bolsas de aires (Airbag) para conductor y acompañante delantero”.
El proyecto explica que la seguridad activa es un sistema que engloba todos los mecanismos destinados a prevenir y/o reducir el riesgo de los accidentes, como por ejemplo, el sistema antibloqueo de frenos, control de tracción, control de estabilidad, control de iluminación, sistemas de anti-balanceo. Por otra parte la seguridad pasiva son los mecanismos destinados a reducir las consecuencias de los accidentes consumados sobre los ocupantes del vehículo, a través de elementos, como bolsas de aire, cinturones pirotécnicos, carrocerías con deformación programada, barras de protección lateral, y todo mecanismo equivalente.
Esta modificación de la ley 24.449 también propone que los derechos arancelarios de importación o los costos de fabricación nacional de los dispositivos de seguridad activa y pasiva sean descontados de la carga impositiva que sufre la fabricación de los nuevos modelos, exceptuando a los automóviles que actualmente ya tienen incorporados los dispositivos de Airbag y ABS.
La presente ley establece que será de orden público y entrará en vigencia a los 180 días de su promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará.
El diputado Díaz Roig señaló, como uno de los puntos centrales del proyecto, el hecho de que el equipamiento de los automóviles con elementos de seguridad no depende sólo de los fabricantes, los cuales deben resolver dificultades técnicas, económicas, de reglamentación y legales que obstaculizan la realización de dichos sistemas, sino también de otros actores. El legislador remarcó que a esos actores tales como las autoridades públicas, los operadores de infraestructuras viales y de comunicación, las industrias vinculadas o derivadas de la actividad automotriz, los servicios de emergencia, se los debe convocar a la participación activa, sobre todo a la participación en el afianzamiento del marco jurídico que permite estimular la inversión en autopartes.
