El pico más alto de representación sindical en Diputados fue en 1983, con 37 bancas. Ahora cuentan apenas con 7. Las comisiones de Legislación del Trabajo están a cargo, en la Cámara baja, de un abogado, y en la Alta, de un político. Todo un símbolo de esa licuación del poder.
Identificar a un legislador por su origen sindical es entrar en un laberinto de preguntas sin respuestas concretas, dado que la mayoría de ellos no accedieron a sus bancas por su predicamento gremial, sino por sus vinculaciones con los armadores de las listas, tanto del PJ, como los partidos de centro izquierda.
Forma parte del recuerdo aquellas 37 bancas de diputados sindicales y uno de ellos, el petrolero Diego Ibañez, fue ungido jefe del bloque del PJ, mientras en la Cámara alta, el ferroviario puntano Oraldo Britos, regresaba a su banca de la que fue desalojado en marzo del 76, y que en el marco de los acuerdos políticos con Vicente Saadi, ascendía a uno de los principales cargos de la Cámara alta, lo mismo que en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En la actualidad, donde más se refleja la ausencia de sindicalistas es el Senado, donde apenas dos legisladores exhiben su origen gremial. Uno de ellos es el tucumano Julio Miranda, quien además de haber sido gobernador de su provincia, fue dirigente del gremio de petroleros privados. La senadora pampeana Silvia Gallego es otra que tiene pasado sindical, en el sector docente.
La composición de la Comisión de Trabajo y Previsión Social es un ejemplo didáctico de lo que sucede con la decadencia, o en última instancia de los acuerdos no escritos -por cierto- entre los bloques, en particular con la UCR. El jujeño Gerardo Morales retuvo nuevamente la presidencia de la misma, más allá de ser uno de los críticos mediáticos del kirchnerismo en su condición de titular del Comité Nacional de su partido, mientras Miranda se desempeña como vicepresidente y Gallego como vocal.
Claro que la presencia mayoritaria de integrantes del bloque que lidera Miguel Angel Pichetto en la comisión garantiza el control de los proyectos, y también su inacción, como admitieron en voz baja a Parlamentario.
El año pasado esta comisión fue la que menos se reunió, por la sencilla razón de que tenía que dictaminar sobre varios proyectos de ley aprobados en Diputados; pero para no quedar pegados con su rechazo directamente, el oficialismo levantaba la reunión. Una situación que se blanqueó cuando Pichetto reconoció públicamente sin pudor alguno que “mientras no recibiera una orden de la Casa Rosada no se avalaría ningún proyecto de ley que modifique la ley de Contrato de Trabajo”.
En lo que va del año la producción legislativa de la Comisión de Trabajo en la Cámara baja es escasa, han tratado apenas un par de leyes. Claro que todo está supeditado a las urgencias del Poder Ejecutivo, por lo tanto, todas las iniciativas sobre las leyes laborales que lleva la impronta del asesor de la CGT, el abogado Héctor Recalde, como se precisó en la edición 912 de Parlamentario, están cajoneados.
Gestos testimoniales
Precisamente la morosidad del tratamiento de las leyes que tienen media sanción de Diputados, todas ellas impulsadas por el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado nacional kirchnerista Héctor Recalde, obedece puramente a las decisiones gubernamentales. Muchas de esas iniciativas elaboradas por el asesor de Hugo Moyano, fueron eyectados o cajoneados.
La mayoría de los integrantes de la comisión son peronistas con origen o militancia sindical como es el caso de Juan Carlos Sluga, Edgardo Depetri, Octavio Argüello, José Córdoba y Guillermo Pereyra, entre otros.
En tanto no figuran en la grilla Luis Barrionuevo, quien optó por la de Turismo y Graciela Camaño eligió presidir la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales, como una muestra de la confianza del kirchnerismo.
Ellos son los legisladores con una praxis sindical y que en rigor integraron las boletas por otras razones, como es el caso de Barrionuevo que está por el peronismo catamarqueño y no por su gremio.
En esta comisión también son vocales el socialista K, Ariel Basteiro, el gastronómico Dante Camaño, que generalmente vota en sintonía con el bloque oficialista y accedió a la banca por el desafuero a Luis Patti.
Un listado donde se debe incluir al mercantil matancero justicialista Julio Ledesma de la bancada Unión Celeste y Blanca que preside Juan José Alvarez, y que llegó a la Cámara baja tras la renuncia de un par de legisladores que accedieron a cargos ejecutivos.
Los otros
En tanto que por el sector de centro izquierda llegaron a las bancas por haber optado en su momento por el Frepaso y después por el ARI en sus dos versiones, la mayoría de ellos del sector docente, como es el caso de Delia Bisutti, Eduardo Macaluse, Elsa Quiroz. Sin olvidarse de quien fue presentado como trabajador desocupado de La Matanza, Héctor “Toty” Flores, aunque ahora está al frente de una cooperativa social.
Claro que no se puede soslayar el dato que todos ellos son de la provincia de Buenos Aires, con su incidencia electoral, mas allá de que es difícil corroborar como se tradujo en las urnas.
En tanto que el economista de la Central de Trabajadores Argentinos, Claudio Lozano renovó su mandato en la boleta que llevaba como candidato a la presidencia a Fernando “Pino” Solanas, en el llamado Proyecto Sur.
Las demás fuerzas nacionales, como la UCR y los partidos provinciales no cuentan en sus filas con varones y mujeres de origen sindical. No son santos de su devoción, más bien todo lo contrario.
Precisamente esa marca en el orillo es un cepo a la pretensión del sindicalismo de contar con más bancas, tanto en el Senado como en Diputados, es que todas las encuestas de opinión no le son favorables, entonces los jefes políticos optan por ningunearlos.
Ese es el panorama que ofrece hoy el Congreso nacional, donde la representación sindical es escasa, si se toma como referencia los 37 legisladores que contaban en el 83. Otro detalle en el inventario es la pasividad de los legisladores de origen gremial, en particular los del oficialismo, que hasta ahora no se animaron a modificar la ley de Contrato de Trabajo o sancionar una nueva ley de Riesgo de Trabajo. Una inacción que en este 1° de mayo, a diferencia de años anteriores, no tendrá ni una sesión especial. Nada.
