Un proyecto de la diputada Lidia Satragno prevé la creación de la figura de: "delincuente ambiental". Aplica fuertes penas de prisión y económicas a quien contamine el aire, el agua o el suelo, y a los funcionarios públicos responsables.
La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, Lidia “Pinky” Satragno, presentó en la Cámara baja un proyecto de ley que dispone modificar el Código Penal de la Nación en temas referidos a la contaminación ambiental.
En nuestro país, en materia penal el Código de fondo carece de un articulado que específicamente tipifique la acción de contaminación ambiental. Los delitos contra la salud pública existentes, resultan insuficientes para la protección del bien jurídico “Medio Ambiente”.
Las modificaciones propuestas por la diputada Satragno prevén para toda persona que envenene, adultere, contamine o introduzca sustancias contaminantes en el medio ambiente, penas de reclusión o prisión de entre uno a veinticinco años (según la gravedad de los hechos) y multas de entre diez mil a diez millones de pesos.
Otro de los puntos destacados del proyecto se refiere a la actuación de funcionarios públicos, que habiendo tomado conocimiento de la existencia de alguna de las conductas contaminantes, y siendo responsable directo del control del medio ambiente en la zona donde dichas conductas se realicen o tengan efectos, omitiere o rehusare hacer o retardare, sin causa justificada, el cumplimiento de los deberes a su cargo, tendrá las mismas penas establecidas para el delito, más la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Respecto de la importancia del proyecto presentado, la popular Pinky afirmó que el proyecto propone la creación de la figura de: delincuente ambiental, creando un nuevo tipo penal: “Contaminar el medio ambiente”.
“No se puede aceptar que sólo se castigue penalmente a quien contamina el agua potable, como sucede en la actualidad; tampoco es aceptable que la ley de residuos peligrosos, se limite a sancionar la contaminación provocada por las sustancias taxativamente mencionadas en su Anexo”, manifestó Pinky.
Para finalizar, Satragno argumentó que resulta inadmisible que en muchos casos se pueda atentar contra la salud y la vida de los semejantes, sin más consecuencias que una multa, que además, es muy baja, equivalente a “comprar” el derecho a envenenar”.
