El plenario de comisiones de Agricultura y de Presupuesto se encuentra debatiendo el proyecto de ley que modifica y actualiza la norma para los contratos de alquiler de los campos. Hay pocos diputados de la oposición, quienes critican la metodología de funcionamiento del oficialismo. El proyecto sería tratado en el recinto aproximadamente a las 18.
El particular presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Alberto Cantero, abrió el cuarto intermedio a las 12, con pocos diputados opositores que están llegando a medida que avanza la reunión.
El debate no se centró en los artículos del proyecto de ley de Arrendamiento rural, la cual no pudo obtener dictamen en el día miércoles, sino en la metodología de los tiempos parlamentarios que utiliza el oficialismo.
La reunión comenzó con un duro cruce entre la diputada Nora Ginzburg y el kirchnerista Alejandro Rossi, hermano del jefe de bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Alejandro Rossi le respondió a Ginzbur que “el ladrón cree que todos son de su condición”.
El diputado del PRO Crhistian Gribaudo, el radical Pedro Morini, el neuquino Hugo Acuña coincidieron en criticar el poco tiempo que se tuvo para estudiar el proyecto de ley de Arrendamiento rural que el pasado jueves obtuvo dictamen de la Comisión Legislación General.
Este proyecto de ley está basado en la iniciativa del diputado Eduardo Macaluse (SI), opositor al gobierno, pero la legisladora Veronica Benas, integrante del mismo bloque, descartó que “el bloque negocie o haga canje de esta ley por la votación del proyecto de ley de las retenciones móviles”.
Legislación General emitió dictamen de mayoría al proyecto del diputado Eduardo Macaluse sobre modificaciones a la ley de 1948, con respecto a los contratos de alquiler de los campos.
La reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Vilma Ibarra, emitió dictamen favorable a dos de los proyectos de ley que acompañan la iniciativa de ley que establece las retenciones móviles.
Los proyectos sobre arrendamientos rurales buscan modificar una ley de 1948, estableciendo un término temporal definido para los contratos, ampliando los derechos de los arrendatarios, regulando los precios en base a lo que se produzca en los campos, agregando formalidades contractuales que hoy no están en la norma, impulsando la conservación de los recursos y desalentando la explotación de tierras por parte de los pooles de siembra.
A continuación, se presentó un proyecto sobre warrants, instrumento que da al comprador de la producción el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo a un precio determinado en una fecha futura también determinada.
Cabe recordar que la semana anterior se realizó una reunión que duró más de dos horas y a la que estuvieron invitados dirigentes de la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria, se introdujeron cinco proyectos para modificar la Ley de Arrendamientos y Aparcería; y la legislación sobre registros de depósitos y warrants.
Tanto en la discusión sobre arrendamientos, como en la de la ley de warrants, los representantes de las entidades rurales prefirieron mantenerse al margen de cualquier ingrediente político.
En aquella oportunidad, el dirigente de la Sociedad Rural Argentina, Ernesto Ambrosetti, remarcó que “al arrendamiento se lo ve como una herramienta maligna, cuando en realidad ayuda mucho a los productores agropecuarios para afrontar pérdidas importantes en la producción”.
El representante de la Federación Agraria, Luis Contigiani, sostuvo que “los grandes arrendatarios son los pooles de siembra”, y agregó que el arrendamiento “fue uno de los fenómenos que permitió incluir a un montón de productores que pasaron a ser propietarios”.
Miguel Angel Giraudo, de Coninagro, fue el único que mencionó la palabra “retenciones”, cuando dijo que “es fundamental para lo que puede venir si no se soluciona la actual curva de retenciones móviles”.
