"Es imprescindible tener en cuenta que una ley impositiva se justifica y se legitima cuando los contribuyentes saben qué se hace con su dinero”, aseguró el senador provincial Roberto Ravale.
El senador provincial oficialista Roberto Ravale defendió la reforma tributaria que sancionó la Legislatura bonaerense porque consideró que “está basada en un estricto criterio de justicia, respetando el principio que deben gravarse a los que más tienen preservando a los que menos poseen”.
“Es imprescindible tener en cuenta que una ley impositiva se justifica y se legitima cuando los contribuyentes saben qué se hace con su dinero. Quiero poner de relieve que debemos mirar el proyecto de ley no desde un compartimiento estanco sino desde un todo para preservar los servicios esenciales que el Estado debe brindar”, argumentó en el recinto el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.
“Para eso estamos simplificando la tarea de los contribuyentes reordenando alícuotas, eliminando la sobrealícuota del 30% que se impuso en 2001 y cuidando especialmente a las PYMES, ya que el 98% de los industriales quedarán exentos del pago de Ingresos Brutos”, explicó Ravale en referencia a la reforma propuesta por el Ejecutivo, que fue aprobada con un fuerte consenso de legisladores, intendentes y empresarios.
El senador también afirmó que la iniciativa permitirá avanzar en las transformaciones indispensables para la construcción de un Estado ágil y moderno, sin burocracia, con mayor celeridad y mejor distribución de los ingresos. En tal sentido, recordó las modificaciones sancionadas en el ámbito de la justicia y en la administración financiera del gobierno a tan sólo 7 meses de haberse iniciado la gestión.
“Hubo sanciones de leyes de una importancia capital para la gestión del gobernador Scioli y que esta legislatura aprobó como el presupuesto provincial 2008, la modificación de la ley de ministerios, la ley de administración financiera que nos permite mejorar el control del gasto, el mejor control de la evasión gracias a la creación de la Agencia de Recaudación Bonaerense (Arba) y la ley de flagrancia, que mediante la celeridad en sus procedimientos permitió resolver 2.100 causas en 5 meses”, concluyó el senador.
