Tras el desplazamiento que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso para el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Horacio Castagnola, y otro funcionario a cargo de investigar la conducta fiscal de empresas en el sur del país, el presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, destacó que “la maniobra del Gobierno apunta a utilizar reparticiones prestigiosas del Estado para fines oscuros que no tienen que ver con las funciones de la DGI”.

Al respecto, amplió: “La DGI debe investigar y cobrar impuestos, sin distinguir entre amigos o enemigos del poder. Con este desplazamiento, el Gobierno, siguiendo una línea de conducta coherente de los últimos años, pretende impunidad para los amigos y persecución para los enemigos”.

En el medio, “pone en peligro la credibilidad de una institución que, a lo largo de los años, ha generado prestigio a través de sus funcionarios de carrera y el personal de la repartición, y que inclusive fue bien comandada en la época de Alberto Abad, su ex titular”, afirmó.

Además, el senador por Mendoza destacó: “En la DGI, la administración Kirchner quiere hacer lo mismo que con la intervención que destruyó el Indec”.

El detonante del problema habría sido el reclamo de una empresa de construcción de Santa Cruz ligada al matrimonio presidencial, que había sufrido una fuerte sanción económica por un ajuste fiscal de la DGI.

Castagnola es un funcionario con más de tres décadas en la DGI y fue designado como director general del organismo desde la creación de la AFIP, en 1997.