La Cámara baja aprobó por unanimidad un proyecto de ley de la diputada Diana Conti para organizar el sistema judicial donde se incorpora al artículo 7 del decreto/ley 1285/58, que “a partir de ese momento deberá transcurrir un período de tres años en el ejercicio del cargo como condición para postularse en concurso para otro tribunal o proponerse para subrogar una vacancia que implique el abandono de la función que se encuentre ejerciendo”.

El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado.

La iniciativa establece que esta disposición no es de aplicación para quienes hayan jurado como jueces subrogantes.

Según Conti, el presente proyecto tiene por finalidad regular, en un aspecto, la responsabilidad en el ejercicio del cargo que deben tener los magistrados, tal como se los exige en forma genérica la Constitución Nacional y las normas que reglamentan el funcionamiento de la justicia nacional.

“Hemos observado que se dan casos de magistrados que al poco tiempo de asumir en su cargo se proponen como subrogantes o concursan para cargos superiores”, dice el proyecto.

Este permanente cambio de jueces en los tribunales provoca, según la diputada, “una mala administración de los recursos humanos en el Poder Judicial; una desorganización importante en los tribunales donde esto sucede con el consiguiente retraso en la tramitación de las causas”.

“Es por ello que hemos pensado en establecer desde la norma un período mínimo en el que el magistrado deba permanecer en el tribunal para el cual concursó”, explicó la legisladora kirchnerista.

“Nos encontramos frente a un Poder Judicial colapsado, para lo cual es fundamental la permanencia de quienes administran justicia por un lapso prudente como mínimo para evitar las vacancias y movimientos constantes dentro de los juzgados que tanta dilación y deficiencia provocan”, manifestó Conti.

Con respecto al periodo de tres años, la diputada nacional que integra el Consejo de la Magistratura, expresó que “es un tiempo considerable teniendo en cuenta varios aspectos: el primero es el organizacional del tribunal en punto a la dinámica de trabajo, organización del personal, relación interna, etc; el segundo aspecto se vincula con el tiempo en que se desarrollan las causas y la vinculación del juez con su trámite y el conocimiento más acabado de ellas; y por último, la permanencia en el cargo del magistrado llevaría a afianzar los principios constitucionales del debido proceso, juez natural e inmediatez respecto de los ciudadanos que concurran a los estrados para solucionar sus conflictos”.

“Es hora de revisar la estructura burocrática de todo el poder judicial y generar un trabajo a fondo por la eficacia. Para ello es necesario profundizar una transformación no de manera decorativa, sino de manera real, para tener una administración de justicia garante del orden jurídico”, concluyó.