Los principales puntos de consenso para llevar adelante son, en primer lugar, la aplicación para la movilidad jubilatoria del índice denominado RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Esta remuneración promedio es la denunciada por los empleadores a los fines de la realización de los aportes previsionales y tiene en cuenta la recaudación de la ANSES.

En segundo lugar, los legisladores opositores sostienen que debe hacerse una recomposición del haber a partir de enero del 2002 a los fines de actualizar la base sobre la cual se aplicará la movilidad.

La diputada nacional María Elena Martin, autora de uno de los proyectos propuestos como alternativa al del Poder Ejecutivo, consideró que “aplicar la movilidad sin actualizar o reajustar estos montos implica tan sólo una solución parcial para los jubilados, que mantendría sus haberes muy por debajo de lo necesario para sobrevivir dignamente”.

La legisladora agregó que “una vez aplicados tanto la movilidad como el reajuste de haberes, la suma resultante no puede ser inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil, que hoy está en 1240 pesos”.

“Los recursos deben tener como finalidad asegurar los derechos y el bienestar de los miembros de la sociedad; cuando hablamos de jubilación, no estamos hablando de dádivas o conmiseración del Estado hacia un sector, sino de justa retribución por los ahorros de toda una vida de trabajo. En este caso en particular hablamos de personas que vienen padeciendo desde la convertibilidad situaciones casi de indigencia y marginación, que se han agravado a partir de la crisis del 2001 y que debemos atender con equidad”, finalizó.