La quema de pastizales con el objetivo de obtener el rebrote de pastos naturales para alimentar al ganado constituye una práctica que data de muchos años.

“Los recurrentes incendios que en gran magnitud vienen sucediéndose en las islas entrerrianas y en la provincia de Buenos Aires, en forma irresponsable y sin ningún tipo de control, afectan la vida, la salud y la economía de los habitantes de nuestra provincia, que sufren las consecuencias dañosas sin tener la provincia competencia institucional propia para poder evitarlas”, sostuvo la diputada nacional por Santa Fe, María Elena Martin (PS).

Sin embargo, “sus efectos eran insignificantes cuando sólo se trataba de la existencia de diez mil cabezas de ganado. Actualmente, la exorbitancia está en que se habla de 180 mil cabezas a alimentar en la zona de las islas frente a Rosario y un millón en todo el delta”, aseveró Martin.

La legisladora nacional, quien en abril y en mayo de este año presentó sendos pedidos de informe acerca de las acciones encaradas por el Gobierno Nacional y el Gobierno de Entre Ríos para dar solución a la situación denunciada, resaltó que “es el propio gobierno entrerriano el que arrendó tierras fiscales para estas explotaciones y el que, por lo tanto, se beneficia con estas prácticas que generan recursos extra a su Estado provincial”.

“Es indudable que por estas razones Entre Ríos no realiza los controles ambientales, que son de su competencia, para poner fin a esta situación. Más aún, su Poder Judicial en sentencias de Cámara ha resuelto, en los casos que llegaron a la Justicia, que no hubo delito de parte de quienes provocaron los incendios”, agregó.

Frente a esto y dado que la competencia en materia ambiental constituye facultades reservadas a las provincias siendo las de la Nación muy limitadas, “parecería que no hay organismo capaz de desarrollar las funciones estatales necesarias en este tipo de conflictos cuando alcanzan dimensión interprovincial. Sin embargo, nadie puede estar obligado a soportar un perjuicio en su salud o en su patrimonio por una práctica que es a todas luces abusiva”.

“Esto debe ser conducido hacia una solución, y no debemos esperar a que se intensifiquen los conflictos interprovinciales. Por este motivo, sería altamente beneficioso para la normal convivencia de los habitantes de las provincias afectadas, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este conflicto”.

La diputada Martin explicó que “debemos volver a la fuente que establece las reglas de nuestra convivencia pacífica, vale decir, la Constitución Nacional. La misma, en su artículo 127 otorga a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades para dirimir las quejas que puedan suscitarse entre distintas provincias”. Es decir, “sabiamente prevé una forma no jurisdiccional de resolución de conflictos entre las provincias, otorgándole a la Corte la facultad de intervenir en forma dirimente, es decir, procurando una justa y razonable composición de intereses entre las partes”.

Finalmente, según la diputada socialista, “debe tenerse en cuenta que en materia ambiental, subyace en forma unánime la idea de que los conflictos deben solucionarse por vía del consenso y, en este caso, considero que la Corte tiene fundada autoridad para intervenir en la solución de aquello que hasta ahora no ha podido ser institucionalmente resuelto por las provincias y ocasiona graves perjuicios a la población y un evidente daño ambiental”.