Comienzan a analizar en el Senado la creación de un registro nacional de condenados por abuso sexual y de huellas genéticas.
El Senado nacional iniciará el debate en comisión de dos proyectos de ley que proponen la creación de un registro, a nivel nacional, de condenados por abuso sexual y otro de huellas genéticas. Al encuentro convocado por los titulares de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero y Rubén Marín, respectivamente, fueron convocados expertos del ámbito judicial, académico y representantes de la Asociación Madres del Dolor.
De esta manera, desde las 14 brindarán su opinión ante los senadores: el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Julio César Castro; el presidente de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal de Mar del Plata, Marcelo Madina; el Coordinador del Proyecto de Reforma a la Legislación Procesal Penal Carlos Beraldi; el director del Centro Interdisciplinario de Investigación y Evaluación Forense y especialista en Psiquiatría y Psicología Médica, Mariano Castex; Adriana Sala, integrante del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la UBA; y de la Asociación Madres del Dolor: Isabel Yaconis, Vivian Perrone, Silvia Irrigaray y el representante legal Claudio Mazaida.
Uno de los proyectos en estudio, de autoría de la senadora por Córdoba Haide Giri, propone crear, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, el Registro Especial de huellas genéticas correspondientes a individuos que hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la integridad sexual.
El mencionado registro contendrá las huellas genéticas de la totalidad de los agentes policiales, penitenciarios y de policía judicial actualmente activos y los que se incorporen en el futuro; aquellas huellas obtenidas en el curso de una investigación policial o en un proceso penal; los datos genéticos de las víctimas de este tipo de delitos; y un registro de los domicilios de los individuos, que habiendo sido condenados por delitos contra la integridad sexual, hubieran recuperado la libertad.
La información será suministrada a requerimiento de los jueces y fiscales de todo el país; de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y policías provinciales; por solicitud fundada a otras autoridades nacionales, provinciales o municipales; y a toda persona u organización no gubernamental que acredite ante un juez un interés legítimo.
La información tendrá carácter permanente, confidencial y secreto. Las autoridades del Registro Especial de Huellas Genéticas, “deberán notificar automática y permanentemente a las autoridades de seguridad y a los responsables de establecimientos educativos, de las jurisdicciones pertinentes, respecto de los cambios de domicilio que los condenados por delitos contra la integridad sexual realicen”, según se desprende del proyecto.
La otra iniciativa en tratamiento fue presentada por la formoseña Adriana Bortolozzi. Propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Registro Especial de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual, el que se integrará y actualizará con los datos personales, genéticos, fotográficos y causídicos.
Entre otros aspectos, establece que “con excepción de los antecedente genéticos, los datos personales, fotográficos o causídicos obrantes en el registro creado, constarán en un sitio especialmente creado en una pagina de Internet (…) y podrá ser consultado por organismos públicos, instituciones privadas o personas que justifiquen interés en conocer los antecedentes de las condenas registradas”.
Los datos genéticos, en tanto, serán de contenido reservado y solo podrán ser suministrados previa orden judicial a organismos jurisdiccionales o auxiliares de la justicia que participen o colaboren en la investigación de otros hechos delictivos.
