El proyecto oficial para regular la actividad de las empresas de seguridad privada sigue siendo discutido en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja.

Allí se presentó el secretario de Seguridad Interior, Héctor Masquelet, quien expresó que “es necesario llegar a un sistema que regule la prestación federal donde hay diferentes regímenes y normativas, que deben estar unificadas en una regulación federal”.

Los miembros de esa comisión consensuaron algunos cambios a la iniciativa, que fija un marco regulatorio al accionar de las empresas de seguridad privada y de sus miembros.

La prohibición a la seguridad privada a realizar tareas de inteligencia en cuestiones que escapen al ámbito civil, laboral o comercial, y las garantías de pautas de confidencialidad para los clientes fueron algunos de los puntos en los que los legisladores acordaron perfeccionar la redacción del texto.

Masquelet prestó su conformidad para que el proyecto especifique que la “responsabilidad primaria” de las habilitaciones será “municipal o provincial” para actividades locales, a diferencia de aquellas que impliquen un servicio de alcance “federal”.

Los legisladores acordaron que esa restricción -planteada por cuestiones de seguridad para los propios agentes de empresas privadas- quede establecida mediante una “resolución fundada” de la autoridad competente, en este caso la secretaría de Seguridad Interior.

Las modificaciones al proyecto quedarán establecidas en el texto tras una reunión de asesores que se realizará este miércoles, y de la que podría surgir una fecha tentativa para la firma del dictamen para que la iniciativa llegue a una sesión del Cuerpo.