El organismo será un ente autárquico, dirigido por un director que estará secundado con un subdirector y el personal del ente será básicamente personal técnico, con conocimientos en la materia registral asociativa y societaria.

El proyecto plantea la necesidad de presentar una alternativa al cuestionado funcionamiento de la Inspección General de Justicia (IGJ) nacional, responsable de registrar a empresas, comercios, sociedades civiles, clubes de barrio y fundaciones, entre otros.

“El objetivo arquitectónico del organismo será permitir un rápido acceso a la realización de los trámites y, por otra parte, implementar las últimas tecnologías para optimizar la transparencia y accesibilidad de todos los usuarios del sistema. Vamos a informatizar el sistema.”, explicó Ingaramo.

A diferencia del ente nacional, el registro porteño agilizará los trámites burocráticos a entidades como las organizaciones civiles, que hoy demoran hasta un año en obtener su personería jurídica.

Los micromprendendores también se verán favorecidos por la medida, que apunta a la posibilidad de estar en regla sin necesidad de someterse a engorrosos trámites. Asimismo, debido a que opera a menor escala que la entidad nacional, el registro porteño garantiza un control más exhaustivo a las empresas.

“Queremos mejorarle el acceso al sistema a todos aquellos pequeños y jóvenes emprendedores que quieren trabajar y desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires. Además el nuevo Registro apunta a un control mayor sobre las empresas. La Ciudad debe poder controlar a quienes operan en su jurisdicción.”, sostuvo el macrista.

La implementación de este nuevo sistema supondría un avance en la autonomía porteña, eje de campaña del macrismo, en el que se incluye la transferencia del sistema de transportes y del puerto de la Ciudad, así como la creación de una Policía propia.

Para el caso Ingaramo declaró: “Este es un avance más para que la Ciudad se pueda hacer cago de su propio destino, y tener una justicia propia”.