Mediante un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC) desea saber “si se lleva un registro de la cantidad de infectados de tuberculosis que hay en la Provincia; si el territorio provincial es considerado una zona de riesgo de contagio, y en qué términos se entregan los medicamentos y la asistencia económica establecida en la Ley 10.436 destinada a los pacientes afectados por esa dolencia”, ante evidencias que indican que esa ayuda, además de insuficiente, es abonada fuera de los plazos razonables establecidos.

En los fundamentos de la iniciativa, que también lleva las firmas de los senadores de la Coalición Cívica Luis Malagamba, José Zingoni y Andrés Antedoménico, se explica que el Ministerio de Salud bonaerense “ha desarrollado un programa especial para la tuberculosis, que consiste en la entrega de un subsidio a los pacientes, para que puedan solventar sus gastos durante el tratamiento. El requerimiento del aporte no reintegrable -se dice- está basado en pasos burocráticos que debe completar el paciente antes de comenzar su etapa curativa, y se establece el monto del subsidio, que será percibido mensualmente, en el valor de un salario mínimo de la Administración Pública Provincial”.

Señalan López Villa y sus pares de bancada que este régimen destinado a asegurar la protección socioeconómica del paciente afectado de tuberculosis y la continuidad de su tratamiento “no tuvo en cuenta que el monto suministrado y la forma de entrega no se ajustan a las necesidades que las condiciones imponen. En tal sentido -expresan- la optimización del mecanismo asistencial sugiere la conveniencia de que los cheques suministrados a los pacientes sean entregados mensualmente y no como ocurre actualmente que son abonados, en el mejor de los casos, cada seis meses, y luego de intrincados trámites burocráticos”.

Tras consignar que “el importe de la ayuda -que es de 214 pesos- no ha variado en los últimos años”, y que ese monto es “irrisorio e insuficiente para que el paciente pueda llevar adelante su tratamiento”, manifiestan que para cobrar el subsidio, “el paciente debe acercarse hasta la sede de la Región Sanitaria correspondiente, no siempre próxima a su lugar de residencia, lo cual en muchos casos ocasiona un gasto mayor que el valor del aporte económico”.

Por último, destacan los senadores López Villa, Malagamba, Zingoni y Antedoménico que las eventualidades apuntadas “conllevan a que los enfermos, en muchas circunstancias, se vean obligados a abandonar el tratamiento por no contar con el aporte para movilizarse hasta los centros de asistencia, y que la consecuencia de ello es la propagación de la enfermedad y la generación de márgenes mayores de resistencia a las drogas suministradas. En suma -dicen- se desalienta al paciente y se facilita el comienzo de nuevos ciclos de circulación de la bacteria, a partir de lo cual se extiende el contagio y se generan nuevos casos de tuberculosis”.