La declaración le recomendó al Poder Ejecutivo Nacional la implementación de las medidas necesarias para evitar “el ejercicio monopólico del mercado telefónico”, una distorsión -se afirma- “claramente perjudicial para los usuarios y la eficacia de los servicios”.

Los autores del proyecto original son los diputados nacionales Manuel Baladrón, Diana Conti, Gustavo Marconato y Ramón Ruiz, que fueron acompañados por legisladores de distintos bloques.

La Declaración tomó como antecedente una denuncia del Defensor del Pueblo, Guillermo Mondino, quien dijo que Telefónica de España y Telecom de Italia -ahora controlada por la primera- son titulares de empresas telefónicas en la Argentina, como resultado del proceso de privatización cuyo marco regulatorio estableció la ley 23.969, para la cual el mandato legislativo esencial era y es la desmonopolización.

Este agravamiento de la concentración del mercado de las telecomunicaciones deviene de que Telefónica de España compró el paquete accionario de control a Telecom de Italia, de la cual es subsidiaria Telecom de Argentina.

“Esto provoca un retroceso que puede dejar a los usuarios cautivos de un monopolio, ya que ambas empresas tendrían el control total de la telefonía fija y telefonía celular del país, además de su participación en el negocio de Internet”, se señaló en los fundamentos de la Declaración.