La diputada e integrante del Consejo de la Magistratura Diana Conti calificó con dureza el fallo de la Cámara de Casación que dispuso excarcelaciones de represores, utilizando el término “vergonzante”.

Contrariamente a las acusaciones provenientes desde el Poder Judicial, que apuntaron al Poder Legislativo por la demora en los juicios, Diana Conti aclaró que a propuesta del Poder Ejecutivo, el Congreso “sancionó instrumentos legales para acelerar los juicios e idóneos para no causar nulidades y atrasos”.

Los instrumentos en cuestión fueron -apuntó- el sistema oral para los recursos de apelación y casación con plazos más cortos de resolución, facultad para que casación, por sorteo, adjudique las megacausas de violación de Derechos Humanos en distintos Tribunales y así evitar la concentración en un solo tribunal, como por ejemplo el cinco de la Capital Federal, entre otras medidas.

La diputada nacional sostuvo que el fallo judicial sobre Astiz, Acosta y otros represores es “vergonzante” y sobre los integrantes de la Cámara de Casación que quedó en el ojo de la tormenta dijo que se trata de “jueces subrogantes que fueron elegidos por la propia Cámara de Casación ya que asumieron luego que la Corte le sacó esta facultad al Consejo de la Magistratura”.

Luego la emprendió contra Elisa Carrió y Ricardo Gil Lavedra, que responsabilizaron al oficialismo por los retrasos, señalando que “no sólo es verdad que Carrió durante la dictadura ocupó cargos en el gobierno chaqueño, sino que como diputada nacional, obstruyó la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que impulsamos con Alfredo Bravo, Juan Pablo Cafiero y otros pocos. Carrió sólo apoyó su inútil derogación”.

Del radical Gil Lavedra, si bien reivindicó su actuación en el juzgamiento a las juntas, le reprochó el haber compartido con el gobierno de la Alianza, del que fue ministro de Justicia, “la postura de nunca más abrir en el país ni fuera de él la ” caja de Pandora” que para ellos significaba reabrir las causas”.

A través de un comunicado, dijo que “nada tiene que ver hoy que, en 1987, cuando por las leyes de impunidad se pararon los procesos, algunos de ellos estuvieran ya en situación de juicio”.

“Las numerosas pruebas y testimonios salidos a la luz desde esa fecha hasta ahora, gracias al movimientos de Derechos Humanos, a la actuación, más o menos pública o más o menos silenciosa, según los tiempos, de la Secretaría de Derechos Humanos, su gente y algunos integrantes de la Magistratura y el Ministerio Público, generaron, ahora una actividad judicial más amplia”, agregó Conti, para quien “la lentitud, entonces, es atribuible a los agentes del Poder Judicial que siempre actuaron al Servicio de quienes avalaron la ruptura democrática en nuestro país”.