Una batería de iniciativas enviará el Poder Ejecutivo al Congreso en busca de reforzar los controles y garantizar la reposición de boletas. Hay fuertes críticas de opositores que impulsan la boleta única.
El Gobierno enviará al Congreso en los próximos días una batería de medidas con el propósito de mejorar el proceso electoral y evitar los serios inconvenientes ocurridos en los comicios del año pasado, cuando la oposición denunció el robo de boletas.
El proyecto hace foco en dos temas centrales: las autoridades de mesa y la reposición de boletas. E incorpora el uso de nuevas tecnologías, como cámaras web y equipos de GPS (rastreo satelital) en los controles.
La iniciativa llega en medio de una fuerte polémica, porque la oposición reclama que se reemplace el sistema actual de múltiples boletas por una boleta única (idea que el Gobierno rechazó públicamente) y sugiere que podría haber fraude si el cambio no se concretara.
El punto más destacado del plan crea una “reserva de contingencia de boletas”, que será igual al 30% del total del padrón de cada distrito. Esas boletas estarán en manos de las fuerzas que custodien la votación en cada escuela (Fuerzas Armadas, Prefectura o Gendarmería) y se usarán para la reposición ante un pedido expreso del presidente de mesa, en caso de que haya faltantes, según detalla el diario La Nación.
El proyecto del Gobierno, muy criticado por dirigentes de la oposición, prevé adelantar la designación de autoridades de mesa, notificar a los seleccionados en forma personalizada, abrir un registro de voluntarios, ofrecerles cursos interactivos en Internet y televisión y premiar a los empleados públicos que acepten desempeñar esa función, entre otras medidas.
La iniciativa fue elaborada en total reserva durante ocho meses por el Ministerio del Interior y la justicia electoral.
El objetivo del Gobierno es tener antes de la elección el ciento por ciento de las autoridades de mesa elegidas y capacitadas, algo que hasta ahora siempre estuvo muy lejos de cumplirse.
Fuentes vinculadas a la organización de los comicios dijeron al matutino que apenas asumió el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ordenó a los suyos articular cambios junto a la justicia electoral para evitar irregularidades y suspicacias.
Desde mediados de 2008 hasta diciembre hubo reuniones quincenales entre la Dirección Nacional Electoral (dependiente del Ministerio del Interior), la justicia electoral y las autoridades del Correo Argentino (responsable de la logística de la votación) para delinear el proyecto final. Más adelante también hubo reuniones con los responsables de la seguridad en los comicios: las tres Fuerzas Armadas, Prefectura y Gendarmería.
“La reforma no aparece ahora como respuesta a la oposición, hace muchos meses que la estamos armando”, se apuró a aclarar una alta fuente oficial.
La medida más drástica del proyecto dice que por cada cinco bolsas de boletas que el correo oficial entregue a las autoridades de mesa entregará una bolsa “con la reserva de contingencia al responsable de las fuerzas armadas para cada escuela”. Si faltan boletas, la primera responsabilidad de reponerlas será de los fiscales partidarios (como ahora), pero si algún partido no tiene fiscales o boletas el presidente de mesa podrá pedirles a las fuerzas de seguridad la reserva de contingencia.
Será una salida transitoria ante la emergencia, hasta que el partido pueda hacerse cargo de la reposición de boletas. Para eso cada fuerza deberá habilitar un teléfono para que el Comando Electoral le avise si hay faltantes, y todo eso constará en actas, para que cualquier inconveniente quede registrado y no se limite a una denuncia mediática.
Además, para prevenir el robo de boletas, estará prohibido entrar en el cuarto oscuro con bolsos, se precintarán los muebles que pudieran servir para ocultarlas y las fuerzas de seguridad podrán detener y poner a disposición del juez electoral a quien robe o destruya listas.
Por otro lado, según un pedido de la justicia electoral para mejorar los controles, habrá cámaras web en escuelas testigo que permitirán monitorear el desarrollo de la votación en tiempo real, y en los centros de carga de datos, para ayudar a la tarea de los fiscales informáticos de cada partido. También se colocarán equipos de GPS que sigan el recorrido de los camiones del correo con boletas y urnas.
Otro eje de la reforma serán los presidentes de mesa. Después de las denuncias de 2007, el Gobierno hizo su propia investigación para saber por qué hubo demoras en tantas escuelas. Tras consultar al personal militar y electoral que participó de la votación, concluyó que el alto ausentismo de los presidentes de mesa, su inexperiencia y la decisión de algunas escuelas de no abrir sus puertas hasta que todas las mesas estuvieran constituidas fueron las principales causas de las largas colas, según señalaron a La Nación desde la justicia electoral y su contraparte oficial.
Para que eso no vuelva a pasar la justicia electoral ordenará que se reduzca el número de electores por mesa, que éstas se habiliten no bien se constituyan y que las autoridades de mesa sean designadas antes del plazo legal establecido de 60 días previos a los comicios. También habrá un registro de postulantes, abierto para “egresados universitarios que no estén afiliados a ningún partido político”, y una fuerte campaña en los medios para crear conciencia cívica. Las autoridades de mesa recibirán 100 pesos por su tarea, más un plus por capacitación, y los empleados públicos obtendrán puntaje.
El Gobierno también promete instructivos más cortos, capacitación temprana tanto para autoridades de mesa como para fiscales y cursos interactivos online para quienes no quieran clases presenciales.
