El texto presentado por la senadora Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de Octubre) que lleva, también, las firmas de sus comprovincianos Juan Carlos Romero y el renovador Juan Agustín Pérez Alsina, propone dejar sin efecto los aumentos en la tarifa de gas natural, impuestos por dos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, que se tradujeron en incrementos que superan, en muchos casos, el 200%.

Pero la iniciativa de Escudero avanza un poco más, ya que además “suspende la renegociación de contratos y todo otro incremento tarifario sobre el servicio público de gas natural, hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional implemente un nuevo régimen de inversiones, abastecimiento y esquema tarifario, el cual deberá ser discutido y aprobado en el Congreso de la Nación Argentina”.

“El proyecto prevé que el nuevo régimen considere las diferencias socioeconómicas de las distintas regiones de nuestro país así como su contribución a la producción de gas natural”, explicó la autora de la iniciativa.

En tercer lugar, plantea la modificación de los umbrales de consumo de gas natural para los usuarios residenciales de la distribuidora GASNOR (Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero), llevándolos a los mismos valores que fueran establecidos para un amplio territorio del país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Los dos decretos a que hace referencia el proyecto son el 2067/08 y el 246/08. El primero creó un Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural. “En forma intempestiva, y sin seguir los procedimientos de participación ciudadana, se pretende obtener un ahorro de aproximadamente $1.400 millones, conformando un Fondo Fiduciario sujeto a la administración discrecional de un funcionario del Poder Ejecutivo, sin medir las gravosas consecuencias que sufre un alto porcentaje de la población usuaria”, advirtió Escudero al respecto.

“Su aplicación ha significado aumentos tarifarios desmesurados, de hasta el 200%, muestra de una clara desproporcionalidad e irrazonabilidad de la medida, por afectar en forma indiscriminada a todos los usuarios, desconociendo los principios básicos de equidad y solidaridad”, agregó.

Estableció el aumento en la tarifa de gas natural para los usuarios residenciales pertenecientes a la categoría R3, lo que para las provincias de Salta y Jujuy engloba a aquellos usuarios residenciales que hubieran consumido mas 800 m3 de gas natural en el último año, y que para las provincias de Tucumán y Santiago del Estero abarca a aquéllos que hubieran consumido más de 700 m3. “El aumento tarifario dispuesto por ese decreto afecta a más del 60% de los usuarios residenciales”, apuntó la legisladora.

Por otra parte, el Decreto PEN 246/09 viene a agravar la situación en cuanto establece un aumento adicional de la tarifa de gas natural, producto del procedimiento de renegociación del contrato con la distribuidora GASNOR. Según surge del anexo de esa norma, existe la posibilidad de que el aumento se aplique en forma retroactiva al 1° de agosto de 2008, “lo que redundaría en un empeoramiento de la situación y que, además, es manifiestamente inconstitucional e ilegítimo porque lesiona gravemente los derechos de las personas”, observó Escudero.

La senadora criticó el accionar del Ejecutivo por cuanto omitió realizar los estudios necesarios para conocer la incidencia que el aumento tendría sobre la población, “especialmente en el Noroeste donde sólo en la población urbana el 21% tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza. Precisamente es esta región donde los umbrales de consumo son los más bajos de la Argentina, por lo que las familias que allí viven pagan más por el gas que en cualquier otra parte del país”.

Pero además, “el Ejecutivo ignoró las variedades climáticas que se registra en estas provincias, donde en algunas zonas las temperaturas pueden alcanzar los -25° en invierno. Tal es el caso de San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta”.

Y tampoco tuvo en cuenta al dictar dichos decretos que “la provincia de Salta es la segunda mayor productora de gas natural de la Argentina. Es poseedora de grandes yacimientos hidrocarburíferos y provee de gas natural a vastas regiones del país, incluyendo el suministro de GLP que se consume en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estro, Catamarca y La Rioja”, resaltó en los fundamentos de su proyecto.

“Estas contradictorias desigualdades, denotan la injusticia de esta situación, que castiga en forma desproporcionada a un distrito que debería ser objeto de políticas diferenciadas, tendientes a acortar la brecha respecto de aquéllos que presentan indicadores socioeconómicos más favorables”, concluyó.