La diputada Marcela Ibarra presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados bonaerense que, en caso de sancionarse, impedirá que los condenados por delitos contra la integridad sexual accedan a la docencia. Para ello impulsa modificar el Estatuto del Docente -Ley 10.579- en cuyo artículo 57 se establecen los requisitos de ingreso al cargo.

La diputada sostiene que “la ley actual no legisla de manera precisa cuales son los impedimentos morales para ingresar a la docencia. Al respecto, sólo prescribe el requisito de “poseer aptitud psico-física y una conducta acorde con la función docente”. De allí que no se puede determinar con certeza qué conductas serían “acordes” y cuales no”. En cambio, otros sistemas de regulación del empleo público, establecen en forma expresa los impedimentos para el ingreso. Por ejemplo, la Ley Marco de la Administración Pública de Nación, los establece en su artículo 5. Del mismo modo, la Ley 471 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 7 las condiciones de admisibilidad. En Provincia, la Ley 10.430 establece en el artículo 2 los requisitos de admisibilidad y el Estatuto del Personal Municipal establece en el artículo 5 las inhabilidades.

Ibarra agrega: “Quizá algunas personas puedan pensar que la actual redacción del Estatuto del Docente bastaría para denegar la postulación de un violador. Sin embargo, no es aconsejable que una ley contenga disposiciones ambiguas. Si una norma va a establecer, como en este caso, requisitos de ingreso a una actividad tan particular, lo mejor es que los determine en forma clara y contundente. Por eso, es necesario establecer cuáles van a ser los elementos de evaluación que tendrán en cuenta las autoridades docentes al analizar una solicitud de ingreso. De esta manera se evitará que se acepte o rechace arbitrariamente cualquier postulación”.

“El proyecto establece la imposibilidad de ingreso a la docencia de aquellos que cometieron (o hayan intentado cometer) algún delito contra la integridad sexual; si hay algo que nos preocupa a los adultos es que abusadores y violadores tengan la posibilidad de estar al cuidado de nuestros chicos, ya que científicamente está absolutamente comprobado el altísimo grado de reincidencia que ostentan estos delincuentes”.

Cabe señalar, por otro lado, que esta iniciativa no soslaya la demostración científica que sostiene que el perfil de un abusador o violador de adultos es diferente al de menores, puntualiza la diputada bonaerense. Ibarra destaca que según los especialistas, el primero usa su órgano sexual como un arma para cometer sus delitos. El segundo, en cambio, suele ganar la confianza de las personas sobre las cuales tiene ascendencia en razón de su trabajo o actividad. Ciertamente, un abusador de menores presentaría la mayor peligrosidad para estar al cuidado de éstos. “Sin embargo, la limitación que promueve este proyecto alcanza a cualquier persona condenada por un delito sexual, ya que además de su peligrosidad, lo que se está cuestionando y considerando es su vil comportamiento”, detalla Ibarra.

La legisladora puntualiza que “hay un sector de nuestra sociedad que mantiene una gran preocupación respecto de la reinserción laboral y social de aquellas personas que cumplieron penas privativas de libertad. Ello es absolutamente loable y creo que nos interesa a todos que quienes purgan una condena tengan las mayores posibilidades de reinserción. Pero todo tiene un límite y, por ello, no se puede tolerar que en pos de la defensa a ultranza de la garantía de reinserción, no consideremos que primero está el derecho de toda una sociedad a exigir que sus hijos estén cuidados por docentes que estén a la altura moral de la actividad que desempeñan”.