El diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez fue el encargado de llevar más documentación ante el juez federal Ariel Lijo referida a la supuesta vinculación entre las causas de defraudación de las obras sociales, la adulteración de medicamentos, el triple crimen de General Rodríguez y la financiación de la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

Según confió Sánchez, a raíz de un pedido de informes que hizo la CC a la ex ministra de salud Graciela Ocaña acerca de la distribución de los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) entre 2004 y 2008, pudo detectarse que “casi todos los subsidios otorgados a la obra social bancaria no están rendidos”.

La CC presentó ante el juez unas siete carpetas con “auditorías realizadas en el Ministerio de Economía donde las asignaciones otorgadas a las obras sociales, de las cuales debe controlar la superintendencia, el 80 por ciento de esos subsidios están sin rendir”.

Así las cosas, la Coalición Cívica denunció que en 2005 el monto destinado por APE para las obras sociales era de 351 millones de pesos y en 2008, pasó a ser de 736 millones, mientras que las obras sociales del Ministerio de Economía (OSME), de los ferroviarios, de UPCN y de bancarios recibieron entre un 54 y un 109 por ciento de aumento en el giro de fondos.

Sánchez sostuvo que “no es casual la asignación creciente que la APE hizo de sus fondos hacia cuestionadas obras sociales sindicales y no resulta nada extraño que los beneficiarios por las defraudaciones y adulteración de medicamentos sean al mismo tiempo aportantes de la campaña del Frente para la Victoria”.