Tras catorce horas de debate, el proyecto de ley del oficialismo sobre la regulación del sistema de Comunicación Audiovisual obtuvo en general 147 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. La discusión en particular de varios artículos polémicos se extendió por dos horas y se terminó de aprobar a las 3.20. Diputados cambió los artículos 4º, 12º, 76º y 97º. Introdujo un tope a la distribución de la pauta oficial.
En soledad, sin los duros discursos de los jefes de bloque de la oposición que decidieron retirarse horas antes, el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Agustín Rossi, cerró un debate de catorce horas con los aplausos de la barra que festejó los 147 (153 presentes) votos a favor que logró el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual del Poder Ejecutivo. También recibió 4 votos negativos y 1 abstención.
Así, a la 1 de la mañana del jueves 17 de septiembre, el proyecto de ley de Medios obtuvo en general el visto bueno de la Cámara baja, lo que generó un hecho histórico para la historia de la comunicación social en Argentina. Luego, dos horas después de debatir en particular el articulado giró el proyecto al Senado. Cabe señalar que hubo varias modificaciones pero la más sustancial refiere a la introducción de un tope a la distribución de la pauta oficial en el artículo 76.
“Lo que puso esta Presidenta al enviar este proyecto es una enorme voluntad política en base a decisión propia”, aseguró Rossi, una vez más victorioso.
En alusión a los diarios La Nación y Clarín, Rossi disparó: “Será que a la ley de la dictadura le darán un tratamiento mas indulgente que esta ley”, tras analizar las tapas de los matutinos del día después del decreto/ley Nº 22.285, ley de Radiodifusión de la última dictadura militar.
El mapa de la media sanción se conformó con los votos del bloque Solidaridad e Igualdad, Proyecto Progresista, Proyecto Sur, De la Concertación, Concertación FORJA, Encuentro Popular y Social, Guardia Peronista, Dignidad Peronista, Frente Cívico por Santiago, Lorenzo Borocotto, Francisco Delich, Eduardo Pastoriza y los 9 diputados socialistas.
Esta suma representaba un número ideal de 149 votos, pero algunas ausencias provocaron que el número que arrojó el tablero fuese de 147. Esto marca la importancia de los cambios realizados al proyecto, ya que logró en general un fuerte respaldo al eliminar el ingreso de las telefónicas como medio transmisor de señal de televisión y cambios en la autoridad de aplicación.
“Mi voto es negativo, pero no voy a fundamentar el sentido del voto. Está sujeto a mis convicciones”, explicó la única diputada socialista Laura Sesma, quien votó en contra.
Cabe señalar que durante el debate se despejó la duda que había sobre el voto de los cinco diputados chubutenses, quienes apoyarán finalmente la iniciativa del Gobierno. “Esta ley es la hija de la libertad de expresión”, dijo el diputado chubutense Juan Pais.
Por su parte, el arco opositor más duro, el PRO, el PJ disidente, la UCR, el cobismo y la Coalición Cívica, se fueron antes del recinto expresando el rechazo a la ley de Medios.
Otro dato importante es que el diputado Miguel Bonasso se abstuvo. Lo cierto que al irse la oposición se ajustó la lista de oradores pero igualmente se aprobó en general a primera hora del jueves. Pero esto no les importó a los militantes que festejaron con algarabía el paso hacia saldar una deuda con la democracia: una ley de Comunicación Audiovisual.
Los votos negativos corresponden a los diputados del Movimiento Popular Neuquino, Alicia Comelli, José Brillo y Hugo Acuña, y la diputada del PS, Laura Sesma.
En particular
El artículo 4º modificó que se agregó la palabra “residente” a pedido del diputado Claudio Lozano.
El artículo 10, el de autoridad de aplicación fue aprobado por 135 votos afirmativos y 3 negativos.
En el artículo 12º, se agregó una evaluación técnica del efecto de la tecnología radioeléctrica en la salud humana y el medio ambiente, pedido por Lozano y el bloque Solidaridad e Igualdad, fue finalmente aceptada esta evaluación solamente relacionada a Radiodifusión.
El artículo 14º, la conformación del directorio de la autoridad de aplicación se aprobó con 131 votos a favor y 12 en contra.
El artículo 40º sobre la prórroga de las licencias no sufrió modificaciones, ya que el bloque FpV no aceptó cambio.
Al artículo 97, se le agregó un inciso g) donde se establece que un 2% de los fondos recaudados por la AFIP se destinen al Instituto de Música.
El debate
Un aplauso oficialista acompañó minutos antes de las 11.30 el quórum alcanzado por el oficialismo para arrancar con la sesión especial para debatir la controvertida ley de Medios. Recién entonces los opositores del Acuerdo Cívico y Social y Unión PRO comenzaron a ingresar al recinto.
Y precisamente un representante de la Coalición Cívica fue el primero en hablar. Fue Adrián Pérez, quien trató de abortar la sesión con una moción de orden, argumentando el poco tiempo que había tenido el tema para su estudio, tras la tormentosa discusión en el plenario de comisiones del día anterior. Previsiblemente, la moción fue rechazada.
Tras ello, arrancaron los discursos del oficialismo, con un discurso del presidente de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, quien prometió en su discurso la aprobación del proyecto a lo largo del día.
“No es verdad que esta ley afecte la libertad de expresión, que querramos silenciar a nadie en la Argentina”, proclamó, rechazando que se trate de una ley mordaza. “El peronismo nunca le puso mordazas a nadie”, remarcó. “Lo único que queremos hacer es ver cómo regulamos un sistema de medios audiovisuales más justo, más democrático”, sostuvo.
Además, el diputado pampeano puso especial interés durante todo su mensaje en la legitimidad que le correspondía al actual Congreso para tratar ese proyecto, atacando el argumento opositor referido a la premura oficialista. “Debe ser la ley que llega con más aire para su tratamiento”, dijo. Aseguró además que “esta ley es una de las más importantes que vamos a debatir en el Parlamento argentino”, y concluyó pidiendo tener cuidado con la “pulseada de poder” que se está dando, referida a “quienes son los que hacen las próximas transformaciones en la Argentina: las corporaciones o la política”.
Tras ello, la diputada Patricia Bullrich pidió una cuestión de privilegio argumentando que “quieren terminar una ley de la dictadura con una metodología dictatorial”.
“Han disminuido mi condición de diputada de la Nación”, sostuvo al denunciar que no habían podido contar con el texto ordenado, ni discutir los articulados del proyecto “presentado ayer entre gallos y medianoche. Hemos asistido a reuniones secretas”, dijo y denunció que concurría al recinto “sin poder conocer el texto del proyecto en debate”.
En ese marco, Bullrich denunció que “este es un proceso irregular que deberá ser interpretado en forma constitucional” y advirtió que la Corte Suprema deberá analizar la legitimidad de esa sesión.
Por su lado, Miguel Bonasso recordó haber sido de los diputados que se retiraron del recinto cuando por ejemplo Juan Carlos Blumberg “llegó a la insolencia de pedir la palabra en este recinto”. Esto vino a propósito de las reformas del Código Penal aprobadas entonces, cuando “los medios dictaron lo que había que hacer”. En sus referencias a personajes “mediáticos”, Bonasso también “atendió” a Alfredo De Angeli, al hablar de aquellos campesinos que “no tienen el espacio de De Angeli”.
Luego fundamentó su dictamen de minoría, enfatizando en que la principal diferencia estaba en la autoridad de aplicación. “Esto no puede ser manejado por un Gobierno”, remarcó, aclarando que no se refería puntualmente al de Kirchner.
“Nosotros no podemos legislar para el jueves”, dijo, al reclamar legislar para el futuro. Propuso entonces en lugar de la autoridad federal que sea “otro poder del Estado el que ejerza el control, este Parlamento”. Que en el ente autárquico, se integren seis miembros, tres figuras de las más respetadas, tres elegidos por la Cámara de Diputados a través de sus tres primeras minorías; otros tres por el Senado y el presidente del organismo elegido por el Consejo Consultivo. Todo ello destinado a eliminar cualquier atisbo de parcialidad en el sentido de cambiar un monopolio por otro.
Luego ejemplificó con el intento de compra del diario Crítica por parte de Electroingeniería, grupo vinculado al kirchnerismo.
Así las cosas, reclamó que “sea ese Parlamento el que tenga el control de la autoridad de aplicación”.
José Brillo habló a continuación, como autor de otro dictamen de minoría y criticó al proyecto oficial porque “pretende legislar para atrás”. Asimismo, dijo que la autoridad de aplicación no garantiza la imparcialidad y elimina con su proyecto la presencia oficial, a fin de darle autarquía a la autoridad de aplicación. Le traspasa todas las facultades del Poder Ejecutivo Nacional a la autoridad de aplicación.
A su vez, el directorio debería tener la presidencia del PEN, pero el resto de los integrantes deben ser designadas por un consejo federal, que debe ser jerarquizado y tenga la facultad de designar y remover a las autoridades.
Reclamó además el mantenimiento de los compromisos con los actuales concesionarios de medios de comunicación. “Esta ley resulta claramente improcedente por afectar derechos adquiridos”, advirtió.
Por su parte, el diputado Fernando Iglesias consideró a la ley inconstitucional al menos por dos artículos, y apuntó también contra medios que “funcionan vergonzosamente como agencias de publicidad del Gobierno”. Citó como tales a Canal 7, Radio Nacional y la agencia Télam.
Advirtió también que “asistimos a la destrucción del Estado” en función de “la revitalización del Estado”. Destacó en tal sentido que “ya se cargaron al INDEC, ahora se cargan a la AFIP. Destruyen el Estado cuando destruyen al INDEC, destruyen al Estado cuando usan a la AFIP como fuerza de choque”.
En su discurso, la vicepresidenta primera de la Cámara baja, Patricia Vaca Narvaja, salió al cruce de las críticas respecto a la legitimidad de la sesión, señalando que “muchas veces cuando la oposición solicitó sesiones especiales nos quedamos más de una hora esperando que consiguieran el quórum”.
La diputada cordobesa aclaró que “esta sesión goza de absoluta legitimidad. Tampoco es cierto que las autoridades de la Cámara discriminaron a la oposición”. Apuntó además que “los tiempos de espera siempre han sido acordados con la oposición” y “se trabajó conforme al reglamento”.
Varios legisladores del oficialismo rechazaron las imputaciones opositoras. El tucumano Gerónimo Vargas Aignasse aclaró que no se violó el reglamento, por cuanto -dijo- “el único requisito para sesionar es reunir quórum”.
A su vez, el dipusindical Julio Piumato sostuvo que “mientras aquí reclamaban calidad institucional, algunos de esos partidos manifestaban, no su voluntad de debatir, sino solamente la de oponerse al proyecto”.
También el entrerriano Raúl Solanas salió al cruce de un argumento opositor. En este caso, respecto de la seguridad jurídica amenazada y dijo que le llamaba la atención que “esos mismos sectores no hablaron en el 82 de esa figura cuando se decidió estatizar la deuda privada del grupo Macri o en el 2001 cuando los ahorristas reclamaban seguridad jurídica”.
A su turno, la diputada radical y titular de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giudici, rechazó el proyecto oficial argumentando entre otras cosas que “la libertad de expresión no es negociable. Es la posibilidad y derecho de buscar recibir y difundir información como nos parezca”.
Por su parte, Miguel Bonasso también se mostró en contra del proyecto e insistió en que el Parlamento debe tener “el control de la Autoridad de Aplicación” y dijo que no veía que se establezcan en la norma “los mecanismos para competir con eficiencia contra los medios concentrados”.
