A instancias de la presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña, la diputada Inés Urdapilleta, tres ministros de la Ciudad escucharon los reclamos de los trabajadores y empresarios afectados frente al avance del comercio ilegal de venta de Dvds y CDs.

Guillermo Montenegro, titular de la cartera de Seguridad y Justicia; Juan Pablo Piccardo, de Ambiente y Espacio Público y Francisco Cabrera, de Desarrollo Económico se reunieron en tres encuentros diferentes con las autoridades de la Unión Argentina de Videoeditores (UAV), representantes de la cadena de Cines Hoyts, de Musimundo, la Federación Argentina de Exhibidores Cinematográficos (FADEC), la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM), Distribuidores de Cine Argentina (DCA), Cámara Argentina de Videoclubes (CAVIC), el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP) y la Unión de Trabajadores de Sociedades de Autores (UTSA).

Los trabajadores y empresarios reclamaron soluciones y un plan integral para luchar contra el comercio ilegal de DvDs y Cds.

Aldo Fernández, presidente de la UAV, aseguró que las ventas de las editoras de video a los videoclubes, cayeron en el primer semestre de este año, más de un 40% con relación a 2008. Y, durante el año pasado, las ventas fueron inferiores otro 40 por ciento menor respecto al año 2006.

Advirtió además que “el 80 por ciento de los DVD y CD que hay en el mercado son copias”. Desde el sector estiman que de todo el mercado ilegal existente en el país, el 40 % funciona en la Ciudad de Buenos Aires.

“La ilegalidad es igual a pérdidas de puestos de trabajo formal, evasión impositiva y cierre de industrias y comercios”, dijo Urdapilleta al acompañar el reclamo y presentó un proyecto de declaración en ese sentido a tratarse en la Legislatura porteña.

Montenegro desde Seguridad y Justicia, prometió que con la Policía Metropolitana van a “apuntar contra la red de organizaciones ilegales que están detrás de este negocio”. Asimismo el ministro dijo que le preocupaba “defender el Estado” que deja de recaudar por la actividad fuera de la ley, e invitó a los sectores afectados a conformar “una mesa de trabajo”.

Por su parte, Piccardo, dijo que realizaría “más operativos en el espacio público” y que prevé “coordinar políticas” con su par de Justicia y Seguridad. En tanto, Cabrera se comprometió a que el tema lo trataría con otros ministerios.

En el proyecto de declaración, la Legislatura podrá expresar “su preocupación por el avance del comercio ilegal de películas en DVD y CD con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo, lo que amenaza la existencia de la industria cinematográfica y video editora, ocasionando un grave perjuicio a la economía formal en su conjunto”, a través del cual se “solicita al Poder Ejecutivo de la Ciudad que arbitre los medios necesarios para combatir este flagelo”.

Hasta abril de este año, seis empresas conformaban la Unión Argentina de Videoeditores (UAV): AVH San Luis S. A., Gativideo S.A., Video La Rioja S.A. (LK-Tel), Transeuropa Entertaiment S.A., SBP Worldwide S.A. y Difusión S.A. – Plus Video-, representando en conjunto casi el 90% del negocio.

Pero Video La Rioja S.A. (Lk Tel), dejó de operar en abril de este año, mientras que Gativideo S.A. cesó comercialmente a partir de agosto. Ambas empresas tenían una participación de mercado en los últimos años superior al 30%.

Con todo, empresas referentes en el alquiler y venta de películas, como Blockbuster Argentina S.A. cierra dos de sus locales por mes en el país, mientras que Musimundo S.A. debió cerrar su local más grande en la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos del sector, “el comercio ilegal en todo el país alcanza la suma de 700 millones de pesos anuales, mientras que el negocio legal de DVDs es de 250 millones”.