Se desarrolló en la Legislatura porteña, en un marco de críticas y con la presencia de manifestantes contrarios a esa designación.
A pesar de que el procedimiento para la designación de Daniela Ugolini como jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires fue impugnado por juristas, organizaciones civiles y de derechos humanos, y que el Superior Tribunal lo declarara nulo, el proceso administrativo para su designación continuó este viernes en la Legislatura porteña con la realización de una audiencia pública.
En un clima de extrema tensión por la presencia de manifestantes que se oponen a la designación de Ugolini, los impulsores de las impugnaciones pudieron presentar sus argumentos en la audiencia.
Repudiaron la postulación de Ugolini la Unión de Trabajadores del Estado; la Asociación de Derechos Civiles; el Inadi; el Observatorio de Derechos Humanos; la Unión de Empleados de la Justicia; el Cels; la Unión de los Derechos Civiles y la Asociación por la Igualdad y la Justicia, entre otras organizaciones.
Ugolini es promovida para ocupar el lugar vacante del ex juez Julio Maier, y su designación fue cuestionada en varias oportunidades por la Justicia del Fuero Contencioso Administrativo. Inclusive una jueza ordenó un allanamiento en la Junta de Etica de la Legislatura, desatando un conflicto de poderes.
Entre las críticas escuchadas se le endilgó a la actual fiscal el hecho de que supuestamente en sus fallos “siempre termina saldando a favor del Poder Ejecutivo o de las posiciones estatales y en contra del particular damnificado”.
“La candidata Ugolini muestra un notorio y grave desconocimiento de normas básicas que componen nuestro derecho constitucional y desconoció en varios dictámenes la plena capacidad jurídica de las mujeres con independencia de su estado civil que las mismas detentan desde 1968, la protección de la familia, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación entre otros”, dijo la diputada Diana Maffía.
Y remató: “La candidata confunde sistemáticamente el interés público o general con el interés de la administración pública”.
El próximo paso será ahora la segunda lectura para su aprobación en el recinto.
