En los últimos días el Congreso se dedicó a volver sobre sus pasos con leyes aprobadas en su momento, demostrando que la clase dirigente argentina tiene muy poco apego a las normas y que lo que hoy escribe con la mano puede borrarlo con el codo sin ningún prurito.
Por José Angel Di Mauro
“Los países serios no anulan leyes”, dijo el entonces vicepresidente Daniel Scioli cuando corrían los primeros meses de la administración de Néstor Kirchner en el poder, allá por 2003, y el Parlamento se disponía a derogar el Punto Final y la Obediencia Debida. No casualmente el hoy gobernador había usado la frase “países serios”, utilizada por el kirchnerismo como slogan de campaña, y como previsible consecuencia pudo sentir por primera vez el azote K en sus espaldas.
Amén de lo anecdótico que hoy pueda resultar semejante actitud de un Daniel Scioli que con el tiempo supo asimilar con cara de póker ese y otros mandobles, la frase vale para reconocer una constante en nuestra clase dirigencial: el poco apego a las normas. Si las leyes son, para gobernantes y legisladores, escritos más o menos costosos de aprobar, pero destinados a ser modificados cuando las circunstancias y posibilidades así lo requieran, encontraremos allí un buen argumento de porqué estamos como estamos.
Cuando era vox populi que el Gobierno anunciaría una reforma política, la diputada electa Elisa Carrió, en lugar de optar por -fiel a su estilo- rechazarla de antemano, sugirió encogiéndose de hombros que así fuera aprobada, sería modificada por el nuevo Congreso después del 10 de diciembre. Lo mismo se ha dicho -con más voluntarismo que convicción- que con la futura composición parlamentaria se podrá cambiar la cuestionada Ley de Medios.
Tan devaluado aparece hoy el papel del Congreso que los presupuestos anuales, conocidos tradicionalmente como “ley de leyes”, que históricamente demandaban extensísimos debates e innumerables modificaciones en comisión, producto de intensas negociaciones no sólo entre el oficialismo y la oposición, sino con las provincias y cada uno de los actores involucrados en este tema capital, cada vez concitan menos atención y esfuerzo, habida cuenta de que los superpoderes -la norma que otorga facultades permanentes al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin autorización del Parlamento- lo han transformado en “papel mojado”. Sin ir más lejos, el Presupuesto 2010 acaba de ser aprobado “a libro cerrado” en Diputados.
En los últimos días también hemos asistido a una clara muestra de la modificación de leyes según las necesidades del momento. La última semana el Senado aprobó la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿De qué hablaba esa norma aprobada el 20 de diciembre de 2004? Impedía a las provincias endeudarse; como ahora necesitan hacerlo por los apremios financieros que atraviesan, simplemente se suspendió por ley la vigencia de esa norma…
El Congreso se dispone ahora a cambiar otra norma, la Ley 26.017, conocida como “ley cerrojo”. Impulsada también en tiempos de Néstor Kirchner, cerraba la posibilidad de reabrir el canje de la deuda en default y que fuera en su momento aprobada en el Congreso en menos de una semana, con el objeto de dar una clara señal a los bonistas de que no habría una mejora en la oferta del canje para los que no adhirieran a la operación. Ahora el Gobierno utiliza la misma premura de entonces para aprobar la suspensión de esa norma, cuestión de poder reabrir el canje y volver a los mercados de capitales…
Pomposamente se acaba de lanzar una reforma electoral que entre sus datos más salientes incluye la realización de elecciones primarias abiertas y obligatorias. En 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde impulsó una ley de elecciones abiertas y simultáneas. La norma fue aprobada por el Congreso el 19 de junio de 2002, y el Presidente hasta llegó a ponerle fecha a su estreno: el 24 de noviembre de 2002.
Pero como Duhalde se quedó sin candidato al recibir el “no” de Carlos Reutemann, alteró ese cronograma y suspendió la vigencia de la ley de internas abiertas, cuestión de no dejarle a Carlos Menem la posibilidad de una victoria por falta de un candidato convincente. El 6 de diciembre de 2006, el Congreso derogó las internas abiertas y simultáneas.
Aunque con grandes cambios, hoy la norma es impulsada por el propio kirchnerismo que en su momento le bajó el pulgar. Ahora sí parece convenir a sus intereses, aunque con semejantes antecedentes queda la convicción de que en el futuro esa norma será desechada por el poder de turno si le resulta incómoda.
Así estamos. Si todo es posible en materia de leyes, estamos mal. ¿La seguridad jurídica? Bien… ¿o te cuento?
