La “reforma política” no es un tema novedoso. Hace tiempo que aparece esporádicamente en la agenda pública, generalmente presentándola como la panacea para superar el descontento popular con el desempeño de la democracia. Por supuesto que el tema es muy trascendente.

Aun partiendo de una noción mínima de la democracia, la procedimental, las normas que regulan la competencia entre los partidos para acceder al poder, conquistando el apoyo popular, revisten una importancia estratégica para la democracia representativa.

La experiencia recogida en las últimas elecciones resulta francamente desalentadora. El gobierno nacional, y muchos de los provinciales incluido el de la Ciudad Autónoma, han manipulado las normas y fechas electorales a su conveniencia, el uso de los recursos estatales en beneficio de los candidatos oficiales ha sido escandaloso, la “compra” de los votos y el más crudo clientelismo se patentizó en infinidad de casos. Las elecciones del 2007 fueron una vergüenza en lo que hace al robo de boletas en el conurbano y, en la Ciudad de Buenos Aires, las candidaturas gubernamentales han sido financiadas con aportes de presuntos narcotraficantes.

Este año se impulsaron con descaro candidaturas sólo “testimoniales” engañando al pueblo sin reparo moral alguno.

Las sanciones que contempla la ley para castigar todas las anomalías enunciadas precedentemente terminaron como corresponde a un país latinoamericano con una institucionalidad y una justicia que sólo mantiene niveles de subsistencia: en la más absoluta impunidad.

Paradojalmente el mismo gobierno que cometió esas tropelías, anuncia con pompa un proyecto de ley para la “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, que sustancialmente apunta a establecer internas abiertas, obligatorias y simultáneas para elegir candidatos, a disminuir el número de partidos, a incrementar las facultades del Poder Ejecutivo y concentrar en él la publicidad y el financiamiento. Por supuesto, como en otros temas, el Gobierno pretende un tratamiento súbito para hacer valer su representación parlamentaria hasta el 10 de diciembre.

Dejando de lado el análisis puntual del proyecto oficial, que contiene algunos puntos compartibles, defectos técnicos y serias omisiones, creo pertinente repasar los principios sobre los que entiendo debe discutirse la reforma política que hoy necesitamos. Ellos son, a mi juicio, la imparcialidad, la equidad, la transparencia, la representación genuina y una mayor participación ciudadana.

Para garantizar la imparcialidad y la equidad la tendencia universal es separar a los gobiernos del manejo de las cuestiones electorales. Por ello se han creado organismos autónomos que despejan cualquier suspicacia. A la inversa, el proyecto oficial incrementa las facultades del Poder Ejecutivo, incluso sin contemplar recurso judicial alguno contra sus decisiones. Deberíamos fortalecer la justicia electoral, atribuyéndole competencia para resolver todas las cuestiones en materia electoral, eliminando lisa y llanamente las atribuciones que actualmente tiene el Ministerio del Interior. Una justicia electoral independiente, con sus fiscales, sus jueces propios en los distritos que lo requieran y con otros regionales, que se ocupe de mantener actualizado el registro de electores, los afiliados a los partidos, del control efectivo de los gastos de campaña y del uso de los recursos públicos y privados.

La transparencia requiere la implementación de la boleta única, para terminar con el robo de las boletas y el “trapicheo” previo del manejo de éstas. No existen inconvenientes técnicos para que ello suceda, sólo la voluntad política de adoptar una práctica aceptada en el derecho comparado. El informe previo de los gastos de campaña publicado en Internet, eliminado en el proyecto oficial, coadyuva a la transparencia y al control ciudadano.

En cuanto al fortalecimiento de los partidos, es razonable que se apunte a su representatividad real para terminar con los denominados “sellos de goma”. No es razonable que existan 697 partidos en la Argentina (659 de distrito, 38 nacionales), que en la Capital haya 82 o 37 en Santiago del Estero o que el 30% del padrón aparezca como afiliado a algún partido. Pero la adecuación debe hacerse de modo progresivo para no perjudicar a fuerzas políticas que se encuentran en crecimiento.

El monopolio de las candidaturas es de los partidos políticos, por eso las bancas pertenecen a esas organizaciones, no a las personas individuales que resultan beneficiadas coyunturalmente. Quien acepta una candidatura por un partido debe seguir sus decisiones; si no las comparte debe renunciar a su banca. Hay que terminar con los “tránsfugas”, los partidos deben garantizar el debate interno pero, agotado éste, salvo comprensibles razones de conciencia, debe acatarse la decisión de la organización, pues ella es la responsable ante la ciudadanía.

Además, las normas deben cumplirse efectivamente. Es preciso establecer un amparo electoral para que en tiempo útil la justicia pueda pronunciarse e impedir el apartamiento a las reglas de juego. La sanción de preceptos que respeten sinceramente los principios enunciados pueden contribuir a que la representación sea fruto de un proceso más imparcial y, por ende, más genuino.

Gil Lavedra es diputado nacional electo por la UCR de Capital Federal