Desde el 10 de diciembre pasado, Ricardo Gil Lavedra es diputado nacional. Pero en 1985 integraba junto a Jorge Torlasco, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alesio la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que juzgó a las Juntas Militares que usurparon el país desde el 24 de marzo de 1976.

En diálogo con Parlamentario.com trazó la siguiente síntesis de aquel histórico momento.

Este 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe militar y usted fue uno de los integrantes del Tribunal que condenó a la Junta. ¿Qué significó este hecho para la democracia de nuestro país?

– El juicio a las juntas militares fue una bisagra dentro de la transición democrática argentina, que fue más que un antes y un después, porque no se trató solamente de un juicio de características inéditas. Fue la primera vez que un tribunal civil podía juzgar con el Código Penal y la legislación común a los autores de crímenes atroces provenientes de una dictadura saliente. En ese sentido el juicio a las juntas militares es un precedente único en el mundo de que un tribunal civil pudiera hacer eso.

También inédito por su volumen. Debe haber sido el juicio de mayor tamaño en la historia argentina. Para dar un solo ejemplo, ese juicio llevaba acumulado la totalidad de los expedientes de Habeas Corpus y de denuncias por violaciones ilegales de libertad que secuestraron por orden de la dictadura., es decir tenía agregado unos 20 a 25 mil expedientes. Cuando le pedimos a Naciones Unidas que nos remitiera la documentación que se había acumulado en Ginebra respecto de la famosa resolución 1503, la mandaron en un barco, en un container, lo que nos da una idea del volumen de toda la documentación. Lo significativo es que no se trató solamente de un juicio que juzgó gravísimas violaciones a los derechos humanos, sino que también lo que se juzgó fue a los golpes de Estado, al abuso y a la prepotencia en el ejercicio del poder. Se juzgó también la posibilidad de hacer encarnar el principio básico de toda sociedad democrática, que es la igualdad ante la ley. La primera vez en la Argentina que se rompía el principio de impunidad de los poderosos, por eso creo que el juicio a las juntas militares ha quedado incrustado en la transición democrática como una gran bisagra.

– El gobierno kirchnerista reivindica como propia la lucha por los derechos humanos. ¿Su opinión al respecto?

– El Gobierno de los Kirchner ha conseguido cerrar la etapa de la justicia, y en ese aspecto a mí parece muy loable y digno de encomio la voluntad política que ha puesto para cerrar con verdad y justicia este período trágico. Es decir, completó lo que no se pudo completar en los inicios de la transición democrática. Lo que yo critico es la enorme sobreactuación que se ha hecho sobre el tema. Esto no comenzó con los Kirchner. Fue la sociedad argentina, cuando comenzó la democracia, la que sentó las bases de la persecución por primera vez en un contexto dificilísimo. No era lo mismo juzgar a los autores de estos crímenes cuando estaban en actividad que hacerlo a ancianos asistidos por un respirador o con pañales. Esto no quita mérito, pero también ha hecho mal el Gobierno en involucrarse de modo tan personal en el tema, me parece que la cuestión de las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento de los principios de justicia, de legalidad, de verdad son patrimonio de todos. Ha habido un intento de apropiación de parte del Gobierno que me parece mezquino y hasta malo para los propios movimientos, porque esto no ha sido solamente una política del Gobierno, esto ha tenido el apoyo de todas las fuerzas progresistas de la sociedad, por lo tanto cuando el Gobierno se lo quiero tomar como bandera propia, lo que hace es fomentar algunos roces y produce elementos de división.