Autoridades entrerrianas se reunieron con el jefe de Gabinete para buscar alternativas que presentar en torno a la controversia con Uruguay, luego del fallo emitido por la Corte de La Haya. Un senador participó del encuentro y contó lo allí conversado.
Un día después de la sexta marcha de la comunidad de Gualeguaychú al puente General San Martín, que se mantiene bloqueado desde 2006 por el conflicto por la pastera Botnia, autoridades entrerrianas concurrieron a la sede del Gobierno nacional para analizar los pasos a seguir.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recibió al gobernador Sergio Urribarri y el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, más el senador nacional Pedro Guastavino.
Según reveló este último, durante la charla se avanzó en una instancia emanada del fallo de La Haya conocido la última semana: el de los controles conjuntos a realizar entre Argentina y Uruguay. Así las cosas, el Gobierno prometió que se buscarán las maneras como se implementará el monitoreo en cuestión y destacó que habrá importantes inversiones en la ciudad de Gualeguaychú, para entre otras cosas establecer un laboratorio de última tecnología que se ocupará de esos controles.
Guastavino señaló que se verá la manera de coordinar la vigilancia con el gobierno uruguayo, aunque ya la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú adelantó su rechazo a esa alternativa.
En lo que respecta al laboratorio del que se habló, el mismo será de “última generación” y buscarán a través del mismo aportar la mejor tecnología para la vigilancia ambiental del río.
Se invertirá además en una nueva planta de tratamiento de efluentes en el Parque Industrial de Gualeguaychú.
Según señaló Guastavino, habrá que demostrar que la planta de Botnia está contaminando y aclaró que el Tribunal “no ha dicho en su fallo que no contamina, sino que la prueba no ha sido suficiente. Y eso ocurrió porque todos los esfuerzos para aportar pruebas se ha hecho desde Gualeguaychú”.
Por su parte, el gobernador Urribarri señaló que la idea conjunta es “estar preparados para comenzar cuanto antes con los controles a partir de que las presidencias de Argentina y Uruguay acuerden los mecanismos institucionales de monitoreo a través de la CARU y que nosotros desde luego pretendemos, al igual que el gobierno nacional, sea de la más alta calidad profesional posible”.
