La titular del bloque de diputados del GEN, Margarita Stolbizer, es la autora del proyecto que deroga la ley 23.681. Dicha norma estableció el recargo del 6 por mil en la factura de luz, a todos los usuarios del país para un fondo que recibe Santa Cruz desde hace 20 años.

La iniciativa que la deroga ya tiene despacho de la Comisión de Energía y ahora irá a Presupuesto.

Stolbizer había presentado este proyecto en el 2005, y no se logró aprobarlo dado la mayoría kirchnerista de entonces. Al asumir en diciembre pasado, la diputada, volvió a presentarlo y esta vez está avanzando su tratamiento en la Cámara.

“Ese impuesto alcanza a todos los usuarios de todas las empresas de electricidad del país y beneficia de manera directa a la provincia del matrimonio Kirchner, la misma beneficiada con el reparto discrecional de los recursos públicos”, remarcó la legisladora del GEN.

Ese fondo fue destinado para la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, para inversiones y reducir el nivel de tarifas con el objeto de que alcancen el nivel promedio del resto del país y hasta tanto se produjera la interconexión de la provincia al Sistema Argentino de Interconexión. Los mayores costos para el abastecimiento de energía eléctrica de los habitantes de la provincia de Santa Cruz, al no estar vinculados al Sistema Argentino de Interconexión, fueran afrontados en un marco de solidaridad por todos los consumidores de energía eléctrica del país.

Para Stolbizer, “se desconoce cómo se han manejado esos fondos, cuál ha sido el avance de las obras, licitaciones realizadas, estado de ejecución del presupuesto, etc. Esto es un impuesto encubierto”.

La diputada expresó que más que pedir a la Presidenta el veto, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta debe rendir cuentas de que se hizo con ese dinero.

“Es injusto mantener ese recargo de facturas, cuando la finalidad ha quedado diluida en función de la enorme cantidad de recursos que dispone la provincia de Santa Cruz, y los esfuerzos inequitativos que ello significa para el resto del país, en la persona de los usuarios de electricidad. Especialmente perjudica a muchas familias de ingresos bajos y medios que terminan pagando con su tarifa una asignación de fondos extraordinarios para la provincia que más recibe entre todas las demás. La provincia de Buenos Aires ha recibido en el año 2009, 276 pesos por habitante, mientras que Santa Cruz alcanzó los 4.583 pesos por habitante. Dada la disparidad proporcional entre una y otra, queda más que claro la injusticia de continuar con esta ley”.