A lo largo de estos 21 años de vida de Semanario Parlamentario se vivieron diferentes etapas políticas, económicas y sociales del país. ¿Qué papel cumplió el Congreso en las distintas presidencias? Los polémicos debates y la subordinación al Poder Ejecutivo.
La tapa del primer número de Parlamentario fue sin lugar a dudas premonitoria de la década menemista: el desplazamiento del Estado del núcleo central de la economía con las privatizaciones. Después se sucedieron las gestiones de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y por ende el Congreso vivió al ritmo de los cambios como se registró en sus ediciones.
Tanto el recinto del Senado como el de Diputados tuvieron una dinámica diferente a la registrada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, donde las iniciativas giraron alrededor de la necesidad de deshacernos de la herencia de la dictadura militar, con medidas tendientes a juzgar a los militares involucrados en los crímenes de lesa humanidad, aunque después hubo que dar marcha atrás con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Leyes votadas con el seño fruncido y a regañadientes.
También en el inventario figuran el divorcio, la nueva ley de Educación, etcétera.
Un clima que abruptamente se interrumpió cuando Alfonsín se topó con una crisis económica que se lo llevó puesto, obligándolo a entregar el bastón presidencial seis meses antes al electo presidente Carlos Menem.
Desde entonces y hasta el segundo mandato del riojano, senadores y diputados peronistas -con pequeñas diferencias- impusieron la sanción de leyes de un plan económico pergeñado por el entonces poderoso titular del Palacio de Hacienda, Domingo Cavallo.
En las páginas de Parlamentario de estos diez años inolvidables, se da cuenta por ejemplo de la reforma administrativa, las privatizaciones de las áreas petroleras, la reforma previsional, la convertibilidad… hasta llegar a la privatización de Gas del Estado, una aprobación salpicada por denuncias de corrupción, en particular por la presencia en una banca de un asesor para llegar al preciado quórum. Fue el caso del famoso diputrucho, que llevó a una investigación judicial que quedó en la nada, como era de prever.
Un giro económico que se completó con la flexibilización laboral, la reglamentación del derecho de huelga y otra series de medidas que con el correr del tiempo tuvieron gran incidencia en los destinos del país.
Quienes jugaron un rol fundamental en esos tiempos fueron el histórico presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el santafesino Oscar Lamberto, más Jorge Matzkin, José Luis Manzano, Carlos Verna, Eduardo Menem, Jorge Yoma, José Manuel de la Sota y Oraldo Britos, entre otros, aunque el puntano puso sus oídos a las demandas de la CGT, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara alta.
En el plano institucional, uno de los hechos sobresalientes fueron las derivaciones del caso María Soledad Morales en Catamarca. Por el sonado hecho fue expulsado el diputado peronista de esa provincia Angel Luque, a partir de declaraciones formuladas al diario Clarín, donde además de proclamar la inocencia de los acusados -entre ellos su hijo- daba una cuestionable declaración de lo que hubiera hecho él con el cuerpo de la joven… También el caso significó la intervención al gobierno de Ramón Saadi, un hecho del que 18 años después -ya como senador- el propio Saadi pasó facturas al debatirse en el Senado la Ley de Medios, fustigando al Grupo Clarín.
Otro hecho relevante de esa época fue la derogación del servicio militar, generada por la muerte del soldado Omar Carrasco, en un cuartel del sur del país. También se modificó la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una votación de madrugada, pergeñada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, quien durante esa década fue uno de los pilares para la aprobación -a su estilo- de las leyes enviadas por el Ejecutivo.
Uno de los brotes de rebeldía surgió por las patentes medicinales, a partir de que el último jefe del bloque, el cordobés Humberto Roggero, no avaló la tesis de Domingo Cavallo de priorizar las relaciones con Estados Unidos y construyó un andamiaje jurídico en defensa de la industria nacional. Un revés para el entonces embajador de Norteamérica en nuestro país, Terence Todman.
Lo mismo sucedió con la Ley de Correos. Su privatización fue el desencadenante de un enfrentamiento entre los impulsores de la medida, con la irrupción en el escenario del empresario Alfredo Yabrán, quien debió acudir a Diputados por las acusaciones que pendían sobre su cabeza. Fue memorable el debate de Yabrán con los legisladores de la Cámara baja, y la historia discurrió hasta que el 28 de mayo 1998 se suicidó de un escopetazo en la boca. Estaba prófugo hacía cinco días, cuando ordenaron su captura por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas.
Sin lugar a dudas la frutilla de la gestión del ahora senador nacional Carlos Menem fue la reforma de la Constitución nacional, gestada a través del famoso Pacto de Olivos, con padrinos como Enrique “Coti” Nosiglia, Luis Barrionuevo y Eduardo Bauzá, entre otros, quienes operaron bajo el monitoreo de Menem y Raúl Alfonsín.
Modificaciones que abarcaron variadas temáticas como la defensa del medio ambiente, el derecho de los pueblos originarios, la incorporación del tercer senador, el control de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), el Consejo de la Magistratura, la adhesión a los pactos internacionales sobre derechos humanos, pero fundamentalmente la reelección que era el verdadero objetivo del entonces Presidente.
Un balance de una concreción de leyes, como destacan y reiteran Carlos y Eduardo Menem que no hubiera sido posible sin el aval del sufragio popular, aunque cuando fue nominado para el segundo mandato debió soportar la friolera de cinco millones de votos de la fórmula compuesta por dos peronistas, José Bordón y Carlos “Chacho” Alvarez, lo que no fue un obstáculo para completar su segundo mandato hasta que le entregó el bastón presidencial a Fernando de la Rúa, quien arribó a Balcarce 50 en una efímera alianza electoral entre la UCR y el Frepaso, que dejó a Chacho Alvarez tocando la campanilla en el Senado por ser compañero de fórmula.
Por los aires
Cuando el presidente del bloque de diputados nacionales del PJ Humberto Roggero anunció en conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos que se había decidido solicitar el juicio político al presidente Fernando de la Rúa, ello significó el golpe final de un entramado destituyente en el plano institucional, engarzado con una insurrección civil que a la UCR le fue imposible salir por su impotencia para ordenar el desmadre ya instalado.
En rigor, todo comenzó con la renuncia de Carlos “Chacho”Alvarez a la vicepresidencia de la Nación, con la excusa de que la plataforma de la Alianza se había diluido. Un eufemismo, dado que la centralidad pasaba por la reforma laboral, la que fue aprobada en Diputados por la presión de Alvarez a los legisladores del Frepaso, que se negaban a votarla. Tras la reunión llevada a cabo en el despacho del presidente de la Cámara baja, el radical Rafael Pascual, el líder del Frepaso logró su cometido.
Precisamente la media sanción en Diputados deparó después en la Cámara alta las denuncias de corrupción a la hora de votar. La Justicia aún no se expidió sobre el caso, aunque ya dictó varios procesamientos a los senadores justicialistas que habrían participado de la maniobra, a partir de una denuncia del titular de la CGT Hugo Moyano, quien repitió una frase que habría pronunciado el titular de Trabajo, Alberto Flamarique, “tengo la Banelco” para convencer a los senadores.
Las sucesivas leyes de Contrato de Trabajo han sido una constante que han cruzado todas las presidencias de esta etapa democrática, modificadas en función de los intereses en pugna.
Lo mismo sucede con los cursos de acción del aparato judicial; siempre está en el corazón de los debates parlamentarios según la visión del gobierno de turno, a la que se tienen que acomodar los senadores y diputados del oficialismo de turno. En ese sentido, el Digesto Jurídico fue otra de las cuestiones que la UCR intentó ordenar, pero se quedó con las ganas, igual que los que le sucedieron en ese objetivo.
Un tramo de la historia parlamentaria donde irrumpen Elisa Carrió, Horacio Pernasetti, José Vitar, Alfredo Bravo, José María Díaz Bancalari, Luis Zamora, Graciela Camaño, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Natale, Juan Manuel Urtubey, Rodolfo Terragno, Ricardo Falú y Miguel Angel Pichetto, entre otros miembros de la Cámara alta y baja.
Ese fue el escenario de un radicalismo que debía consensuar en forma permanente con el PJ, que se regodeaba como el gato con el ratón, ya que intuía o imaginaba el final de De la Rúa.
Un inventario de leyes con idas y vueltas en ambas cámaras y siempre sujetas a arduas negociaciones que demoraban su publicación en el Boletín Oficial, las que en algunos casos nunca se dio. En el Senado, el PJ contaba con los números suficientes para avalar o hacer perder estado parlamentario de los proyectos oficiales.
Un contexto histórico donde Fernando de la Rúa y sus asesores no embocaban una, razón por la cual el presidente tuvo que apelar -para sorpresa de todos- a Domingo Cavallo, quien se transformó, fiel a su estilo, en el hombre fuerte del Gobierno. Es decir el mismo papel que ejerció durante el gobierno de Menem.
Cavallo impuso un modelo económico a través de decretos de necesidad y urgencia o de leyes contrarias al pensamiento histórico de la UCR, los que se tragaron todos los sapos habidos y por haber para continuar en la Casa Rosada.
A esa altura, el clima político y social era un desmadre y ya se avizoraba el destino del Presidente. En diciembre de 2000, De la Rúa parte de Balcarce 50 en helicóptero para no regresar nunca más, lo que generó la etapa institucional más convulsionada de la historia, con fugaces pasos por la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, Ramón Puerta, Eduardo Camaño, hasta llegar a las manos de Eduardo Duhalde, por entonces senador nacional.
Puente Pueyrredón
Asumió Duhalde y su gestión apuntó a recuperar el orden institucional y político, con una serie de medidas destinadas en esa dirección, y en el plano económico todo quedó en manos de su ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Empero, el primer anuncio de Duhalde de que nadie perdería sus ahorros en dólares, se esfumó al ritmo de las demandas de la banca. Fue el primer baño de realidad que debió tomar quien había fracasado en su intento de llegar a la presidencia dos años antes a través de las urnas.
Con el objeto de desactivar los reclamos de toda índole, el Gobierno armó los planes sociales conjuntamente con la Iglesia, las centrales empresariales y sindicales, a través de la Mesa de Diálogo Argentino. Salir del infierno era la consigna que imperaba en los despachos oficiales.
Una tarea que se completó en el Congreso con leyes -la mayoría de ellas- de contenido económico para consolidar la estabilidad, las que lógicamente obtuvieron el visto bueno de senadores y diputados nacionales de la mayoría de los bloques.
De acuerdo con el relevamiento dado en las ediciones de Parlamentario de ese tiempo, la mayoría de las normas enviadas por el Ejecutivo fueron sancionadas, y no sólo las económicas, sino también otras de orientación institucional y de integración con los organismos internacionales como las del Mercosur, aunque más formales que de envergadura por la complejidad de los intereses empresariales en juego.
Un panorama que estalló el 26 de junio del 2002, cuando fueron asesinados los jóvenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a manos de la Policía bonaerense al reprimir una manifestación de los movimientos piqueteros en el Puente Pueyrredón, que derivó en una convocatoria anticipada a elecciones presidenciales.
Pingüinos en escena
El mensaje de las urnas deparó la irrupción del ex gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, tras un frustrado ballotage del que Carlos Menem desistió participar pese a haber ganado la primera vuelta.
Kirchner arribó a la Casa Rosada gracias al aparato partidario manejado por Eduardo Duhalde, quien hoy se arrepiente de ello -demasiado tarde para lágrimas-, ya que NK ha construido un poder que no sólo le ha permitido cumplir su mandato de cuatro años y medio, sino también haber ungido a su esposa Cristina Fernández de Kirchner y pretender estirar el mandato K hasta 2020, según él mismo ha confesado públicamente.
La centralidad de los cursos de acción en los recintos tanto de la Cámara baja como del Senado fue el debate y la aprobación de un nuevo rol del Estado en la economía, dejando a la vera del camino las tesis liberales endulzadas por el Consenso de Washington.
Pero no fue de un día para otro, sino que paulatinamente fue avanzando, hasta que el tablero electrónico les fue favorable y los ejercieron impiadosamente, quedando en los anales una famosa frase como constante: “Se va a votar el texto sin modificaciones”. Los K comenzaban a manejar con mano firme el Parlamento nacional.
Otra de las sorpresas fue la política de derechos humanos, dado que tanto NK como CFK nunca antes habían expresado una solidaridad tan pronunciada sobre el tema. Y en agosto de 2003, contra viento y marea, derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Abrieron además los juicios a delitos considerados de lesa humanidad durante la última dictadura militar, las que después se completaron con una serie de leyes tendientes a la agilización de los juicios a lo largo y ancho del país.
El proyecto K se basó en la restauración del Estado. De esa manera se procedió a reestatizar, leyes mediante, el Correo, Aerolíneas Argentinas y el sistema jubilatorio, entre otras empresas.
Un idílico panorama que chocó cuando pusieron en la mira a la renta agropecuaria, lo que despertó el rechazo de las entidades que nuclean a la producción agropecuaria y a la oposición, el cual que se coronó con el rechazo en el Senado de la famosa resolución 125. Esa determinación potenció la figura del vicepresidente de la Nación Julio César Cleto Cobos al no apoyarla cuando le tocó desempatar y desde entonces se transformó en uno de los principales adversarios de la pareja presidencial. Semanario Parlamentario -una semana antes de la crucial votación- anticipaba en su portada que existía un empate técnico, tal cual sucedió.
El desenlace histórico provocó el final de la Concertación Plural. Un ensayo de cooptación de radicales por parte del Gobierno. También implicó los primeros adioses al oficialismo de Felipe Solá, Carlos Reutemann, Roxana Latorre, Juan Carlos Romero y Sonia Escudero, entre otros por no comulgar con la 125.
Claro que la relación con los vices también había tenido su capítulo especial con el actual gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Fue memorable e inolvidable cuando Cristina Kirchner, en su rol de senadora, lo cuestionó duramente durante una sesión, al sugerir que era parte de una conspiración mediática. Tras esta pelea a Scioli lo mandaron al freezer, pero contra todos los pronósticos el motonauta demostró el ejercicio de una paciencia a prueba de balas para soportar el frío del sur, y al final -en nombre del pragmatismo- lo ungieron como candidato a gobernador, y hoy desde su sillón en La Plata es desde entonces un incondicional del proyecto K.
Pero así como el 17 de julio de 2008 marcó un hito con la derrota legislativa por la 125, otro mojón sin duda lo marca el mensaje de las urnas del domingo 28 de junio de 2009, donde los Kirchner fueron derrotados en los principales distritos del país.
A partir de esa jornada el objetivo fue la sanción de leyes que garantizaran la continuidad del proyecto antes del recambio legislativo de diciembre venidero. Y sin lugar a dudas la reforma política y la Ley de Medios fueron los trofeos más importantes logrados.
Ahora, en lo que resta hasta diciembre del año que viene, la estrategia pasa por resistir la ofensiva del conglomerado opositor, donde recién ahora lograron comenzar a dejar atrás la fragmentación y van por la sanción de leyes económicas, el Consejo de la Magistratura, los superpoderes, entre otros temas destinados a esmerilar al Gobierno.
Lo narrado es apenas un resumen de lo sucedido dentro y fuera de los recintos en estos últimos 21 años. Pero como se puede apreciar, siempre bailaron al ritmo de la Casa Rosada, ya que el presidencialismo es la base de funcionamiento democrático de nuestro país, pese a sus falencias o soberbias.
