La Legislatura bonaerense se dispone, por primera vez en la “era Scioli”, a abordar la sanción de un Presupuesto General de Gastos y Recursos en un contexto donde el oficialismo carece de mayoría. Y tanto en esa ley como en la de Administración Financiera es en donde se ha plasmado la delegación de facultades que el Poder Legislativo le cedió al Poder Ejecutivo provincial. Ahora, los bloques opositores, debaten la posibilidad de suprimir dicha delegación y son mayoría.

El proceso presupuestario establecido por la legislación provincial involucra cuatro etapas diferentes: la formulación; aprobación; ejecución y el control. Le corresponde al legislativo fijar el cálculo de recursos y presupuesto de gastos, pero es el PE el que debe enviar a la Legislatura, antes del 31 de agosto de cada año, el proyecto de ley correspondiente, y tiene la posibilidad de proponer nuevos gastos, aunque la Legislatura puede suprimirlos o disminuirlos (art. 103 inc.2 y art. 144 inc.16 de la Constitución provincial).

La Ley de Administración Financiera define a los créditos del presupuesto de gastos como el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar, con los niveles de desagregación aprobados por la Legislatura (art. 29 de la Ley 13.767); además, establece que es el legislativo quien decide sobre todo aquello que afecte el monto total del presupuesto y el endeudamiento previsto.

Sin embargo, la legislación faculta al PE para realizar reestructuraciones, incluidos gastos corrientes, de capital y distribución de las finalidades, dentro de los respectivos rubros presupuestarios (art. 37 de la Ley 13.767).

De manera similar, el PE queda facultado para incorporar al presupuesto autorizaciones para gastos no previstos o insuficientes, para atender hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado provincial, debiendo informar a la Legislatura (art. 39 de la Ley 13.767).

Además, la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto permite al PE a aumentar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos de las Cuentas Especiales (cuentas con afectación) cuando se justifique que la recaudación efectiva del año ha de ser mayor que la calculada, pudiendo para ello efectuar las creaciones de Partidas que fueren menester (art. 6 de la Ley 10.189).

Si bien una vez promulgada la ley, sólo el PL puede disponer sobre decisiones que afecten el total del presupuesto, el PE, la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la Corte se encuentran facultados para hacer reestructuraciones presupuestarias dentro de los totales aprobados en la etapa de ejecución (art.17 de la Ley de Presupuesto), e incluso el PE puede introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios, en la medida que las mismas sean financiadas con incrementos estimados en los montos presupuestados para recursos y para endeudamiento público, teniendo que dar cuenta a la Legislatura de la utilización de las autorizaciones conferidas (art. 16 de la Ley de Presupuesto).

También se autoriza al PE a adecuar las remuneraciones del personal dependiente de la Administración General de acuerdo con los objetivos de la política salarial (art. 22 de la Ley de Presupuesto); modificar la distribución de horas cátedra y cargos; adecuar agrupamientos y créditos de la planta de personal y modificar la cuenta “obtención de préstamos” (art. 18 de la Ley de Presupuesto). Incluso se lo autoriza a ampliar esas facultades a los ministros, al Asesor General de Gobierno, Fiscal de Estado, Contador General y Tesorero General, Presidente del Tribunal de Cuentas, Presidente de la Junta Electoral, a los titulares de los Organismos Descentralizados, de Instituciones de Previsión Social y del Consejo de la Magistratura, al Secretario General de la Gobernación, al Secretario de Derechos Humanos, Secretario de Deportes, Secretario de Turismo y Coordinador General de la Unidad Gobernador (art. 19 de la Ley de Presupuesto).

La supresión

“Tanto la Ley de Administración Financiera, como las autorizaciones que se le otorgan en la Ley de Presupuesto de cada año al PE, son consideradas delegaciones de facultades extraordinarias que corresponden constitucionalmente al PL. Son, los que en la calle conocemos como superpoderes” explica el diputado del GEN Abel Buil.

“Desde la instauración de los superpoderes, las tareas de aprobación y control de los presupuestos fueron perdiendo importancia relativa en el proceso presupuestario debido a las innumerables modificaciones de facto que sufren los mismos a lo largo del ejercicio, lo que dificulta enormemente el debido control de ejecución presupuestaria que los cuerpos legislativos debemos realizar” dijo el legislador de noroeste provincial al tiempo que agregó que “los representantes del pueblo nos vemos restringidos, en consecuencia, a la aprobación de un dibujo de presupuesto que en nada obliga al PE y que nada tendrá que ver con la efectiva ejecución presupuestaria que se realice”.

En los datos estadísticos que muestra el legislador opositor se observa que en el 2007, Scioli dispuso de dos mil millones de pesos (6,9%) para gastar discrecionalmente y, simultáneamente, subestimó los ingresos en un 10% del total de lo recaudado efectivamente. Lo mismo ocurrió durante 2008, disponiendo libremente de casi 5.000 millones y recaudando un 11,6% más. En 2009, en medio de la crisis financiera internacional que planchó la recaudación en todas las jurisdicciones, los ingresos alcanzaron a los presupuestados y el gobernador dispuso de 2.800 millones para gastar por encima de lo presupuestado.

Ante este estado de situación “que está convirtiendo a la Legislatura en un mero espectador”, en agosto del año pasado, el diputado Abel Buil, que es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, acompañado por una decena de legisladores de distintos bloques presentó un proyecto de ley para derogar “los superpoderes que surgen de la Ley de Administración Financiera, retornando a la Legislatura las decisiones vinculadas a cambios en las partidas presupuestarias y endeudamientos”.