Si hoy se puede estar discutiendo el pago del 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil, como prestación previsional mínima (jubilaciones y pensiones) y la actualización de los haberes, es porque el Sistema Previsional volvió al Estado.

Fue el peronismo en el período 89-99 el que lo privatizó, acompañado por toda la dirigencia política y gremial de ese partido, no hubo ni un solo diputado ni senador que haya faltado para dar quórum o para votar el proyecto.

Fue la oposición de la UCR, que negando el quórum como instrumento político, la que impidió el tratamiento desde 1992 y hasta octubre de 1993 y propuso al mismo tiempo una alternativa superadora, en el marco del Estado, desoída por el partido gobernante.

Los ex presidentes Menen, Duhalde y Kichtner y hasta el actual Ministro de Economía Boudou, se afiliaron voluntariamente a una AFJP, porque creían que era el sistema correcto, por eso parece como tragicómico cuando se los escucha argumentar sobre el rol del estado. La coherencia no parece ser un valor.

Esa decisión le costó a la Argentina, más de 70.000 millones de dólares, esto es casi la mitad de nuestra deuda externa, como consecuencia de los recursos transferidos del sector público al privado, las AFJP recaudaban, cobraban comisiones y el Estado pagaba las prestaciones, por lo tanto se endeudaba para cumplir con sus obligaciones.

Cuando se estatizo el sistema, lo correcto hubiera sido rediscutir una nueva ley jubilatoria, generándose un gran debate nacional y poniéndolo como un tema de Estado, partiendo de la base que una ley de esta característica necesita gran consenso, debe durar 30 o 40 años, que son los períodos de trabajo activo de todo ciudadano.

Desde la UCR hicimos una propuesta, donde proponíamos un nuevo sistema y se incluía, entre otras cosas, el mínimo jubilatorio como el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Hoy el gobierno pretende utilizar los excedentes de la ANSES para acrecentar el Fondo de Garantía Sustentabilidad Previsional (FGSP), fundamentalmente para financiar en forma barata al Estado.

Esto no estaría mal, si el sector pasivo tuviera sus haberes por encima del piso de subsistencia o que no hubiera semejante litigiosidad como consecuencia de la incorrecta liquidación de los haberes.

El sistema tiene un gasto anual de 90.000 millones de pesos, el FGSP es una vez y media el gasto (150.000 millones), por lo tanto cumple en exceso con los parámetros actuariales de sustentabilidad.

La ANSES el año pasado tuvo un superávit de 14.432 millones, la recaudación de los primeros seis meses creció según la información oficial por encima del 39% y el ajuste a dar en septiembre no va a superar el 15%, por lo tanto podríamos proyectar que el superávit de este año estará en 18.130 millones.

La ANSES transfirió en el presupuesto Nacional 10.000 millones para el pago de la Asignación Universal por Hijo, esto era para el pago de 7 millones de chicos, hasta ahora según los números oficiales se han inscripto, 3,2 millones, por lo tanto deberían reintegrarse 5.000 millones de pesos al organismo de la Seguridad Social.

Por último la información de director Ejecutivo de la ANSES es que el FGSP tiene previsto un rendimiento de 8.000 millones de pesos, para el año 2010.
Todo esto suma $31.130 millones.

Estos recursos, son recursos corrientes, a nadie se le ocurriría tocar el FGSP, que no sÓlo es la garantía anticíclica del sistema sino es un fenomenal instrumento de política económica activa.

El gasto extra propuesto se divide en dos partes, hay 4.213.000 de beneficiarios que cobran $895 y 881.000 que perciben entre $895 y $1230 (82% de $1500, salario mínimo, vital y movil), llevar a todos a $1230, tiene un costo anual de 19.900 millones de pesos.

Ajustar el resto de las jubilaciones, esto es el haber inicial según el fallo Zagari y la movilidad del período 91-95 por el fallo Sanchez y la del período 2002-2006 por el fallo Badaro, descontando lo que se ajusta por la mínima, tiene un costo de 10.100 millones anuales.

Por lo tanto el costo extra, es de 30.000 millones anuales, cifra coincidente con la expresada por el Ministro de Economía. Por supuesto, como se ve, es absolutamente financiable, sobre todo porque los gastos están anualizados (en el mejor de los casos solo correspondería imputar solo el segundo semestre)y los recursos tomados corresponden a lo que se recaudará durante el 2010.

La coherencia debe ser un patrimonio de todos, de los radicales también.

Para mantener la coherencia de compartir el principio de que se debe mejorar la distribución de los ingresos, en este caso con los jubilados y pensionados, no se puede al mismo tiempo desfinanciar al Estado Nacional retirándole el 15% de la precorpaticipación, ni eliminando en forma indiscriminada las retenciones agropecuarias a los sectores concentrados de la economía o sin hacer la autocrítica de que fue un gravísimo error haber votado en contra de la estatización de la AFJP.

Santín es diputado nacional (mc) por la UCR